Una esperanza para las familias de desaparecidos

La desaparición de una persona es una situación que afecta de manera permanente a sus familiares y a todo su entorno. La incertidumbre que causan los años de búsqueda impide cerrar el proceso de duelo y perpetúa el daño provocado durante más de dos décadas por el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, así como por la respuesta, muchas veces equivocada, de las fuerzas armadas y policiales. Ante el sufrimiento de miles de familias, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), que crea el Banco de Datos genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el tiempo de violencia generado de 1980 al 2000.

La iniciativa busca contribuir con la identificación de los desaparecidos gracias a la validación de perfiles genéticos que determinen, mediante cruce de muestras, las relaciones de parentesco entre las víctimas y sus familiares. Las muestras genéticas serán obtenidas a partir de restos óseos o de muestras tomadas a los parientes mediante exámenes de sangre o recolección de datos con hisopos.

Una respuesta

“El objetivo es darles información a los familiares que siguen esperando algún detalle sobre el paradero de las personas que han perdido. Iremos a darle a las familias aquello que están esperando hace tanto tiempo: una respuesta”.

Para lograr este objetivo, Quinteros revela que su departamento está trabajando en una lista oficial de desaparecidos que determine en qué lugares del país existe mayor concentración de casos. “Eso nos va a exigir a nosotros hacer un plan de visitas para comenzar a recolectar la toma de muestras de manera organizada con el consentimiento informado de las familias afectadas en diferentes comunidades”, señaló. 

Asimismo, manifestó que, si bien en la región Ayacucho se trata de un tema generalizado, los distritos con mayor incidencia de casos son José Crespo y Castillo (Huánuco), Satipo (Junín) y Huanta (Ayacucho); ello marca la pauta para iniciar con esta labor. En tanto, enfatizó que el reto es enorme, ya que el grueso de la población pertenece al área rural, a diferencia de experiencias internacionales.

Procedimiento

Frente a ello, Leonor Saire, presidenta de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (Conavip), se mostró satisfecha con la voluntad política y aseguró que la mayoría de los familiares se encuentran ansiosos con la medida tomada después de tantos años de espera. 

“Nosotros tenemos familiares quechuahablantes desaparecidos en las provincias altoandinas, de los que hasta hoy no sabemos nada”, lamentó. Aunque resaltó la labor, aseguró que no todas las víctimas podrán ser identificadas. “No en todos los casos vamos a poder encontrar a los difuntos, porque ellos fueron incinerados y lanzados al río Huallaga o al río Apurímac”. Pero si de algo también está segura es de no repetir la historia y clamó por “no más violencia, no más fosas comunes. Ahora es tiempo de reparar ese tipo de abusos y atropellos”.

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