102 menores son investigados por la Fiscalía de Familia en Piura

Escrito por Raquel Carmen

El pasado 25 de febrero, una padre de familia murió de un disparo en la cabeza durante un asalto a mano armada en un bar del distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura. 

En dicho robo se intervino a cuatro personas, entre ellas a dos menores de 15 y 16 años, acusados de pertenecer a una banda de asaltantes.

CIFRAS DE ALERTA

En el distrito fiscal de Piura, el año pasado, la Fiscalía de Familia inició investigación a 277 menores de edad, siendo las infracciones con más número de denuncias el hurto y robo agravado.

En lo que va del año y en plena pandemia, la Fiscalía de Familia ha iniciado procesos contra 102 adolescentes entre 14 y 17 años.

De acuerdo a sus estadísticas, por infracciones de robo agravado se han recibido 26 denuncias y otras 11 ya han sido formalizadas, a diferencia del año 2019, donde la Fiscalía inició proceso contra 97 menores de edad.

Respecto a las infracciones de hurto agravado, actualmente la fiscalía especializada investiga a 29 adolescentes y por hurto simple a 21 menores de edad.

De acuerdo a información de la Policía, tras el levantamiento de la cuarentena, solo en la provincia de Piura se han intervenido al menos a siete bandas delictivas conformadas por adolescentes de 16 y 17 años.

UTILIZADOS

Según fuentes de la Divincri de Piura, este año no se ha cometido ningún crimen perpetrado por un menor de edad en la figura de sicariato.

No obstante, lo que los agentes han podido verificar es que cada vez es mayor el número de cabecillas de bandas delictivas que “adoctrinan” a menores de edad, en especial de familias disfuncionales, para hacerlos ingresar a este mundo delictivo.

“Las penas para un adolescente es mucho menor a la que un adulto puede recibir, ya sea por robo, hurto o venta de droga. A ellos los utilizan inventándoles un mundo de dinero fácil”, expresó el agente.

No obstante, estos cabecillas de bandas no solo utilizan a los menores para el robo o hurto, también el año pasado, se puso al descubierto cómo la presunta red de trata de personas “Las Colegialas”, habría captado a una menor de edad para que contactara a otras adolescentes, para que ingresen al mundo de la prostitución.

En ese entonces, el fiscal a cargo del caso, Jorge Zamora, informó que la acusada Taysa primero fue captada por esta presunta red criminal cuando era una adolescente y cuando cumplió la mayoría de edad siguió “colaborando”, contactando a más adolescentes para la prostitución.

HACINADOS

A nivel regional, Piura cuenta con el centro de rehabilitación Miguel Grau, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El recinto fue construido para albergar a 80 personas, pero actualmente, según informó su director Percy Donald Gonzaga Correa, tiene un aproximado de 150 infractores, casi el doble de su capacidad.

Gonzaga Correa manifiesta que, pese a la pandemia, en el centro juvenil no se han aplicado indultos a los menores; y de marzo a la fecha han ingresado un promedio de 8 internos.

El problema del hacinamiento en esta institución no es nuevo, en el 2019 diversas autoridades solicitaron la ampliación de la infraestructura. Al respecto, Gonzaga manifestó que se han mejorado los servicios de agua, alcantarillado, centro perimétrico para brindar mayor seguridad a este centro de rehabilitación. Se han entregado insumos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.

Uno de los riesgos, que en anterior oportunidad habían detectado las autoridades, es que en dicha institución no hay solo adolescentes, sino mayores de edad de hasta 21 años.

Con relación a esta preocupación, Gonzaga refirió que esta situación se da porque hay adolescentes que llegan de 17 años y esperan su proceso durante dos años, pero la medida disciplinaria es con la máxima sanción de 10 años, entonces el infractor recién saldrá del centro de rehabilitación a los 29 años, pero para ellos hay diferentes áreas y es otro tipo de enseñanza que se aplica.

VIOLENCIA

Para el representante de la Defensoría del Pueblo, César Orrego Azula, la sociedad tiene una tarea pendiente de rechazar todo tipo de violencia que ponga en riesgo a los niños y adolescentes.

“No solo se tiene que ver la violencia física y verbal, las omisiones con los menores de edad es un tipo de violencia, se debe ayudar al menor y valorarlo en la casa, en la escuela, en la región tenemos más de medio millón de niños y adolescentes al que se le debe cuidar para evitar que sea un infractor o sea víctima de trata de personas”, manifestó.