2 fiscales superiores “jalados”

Dos fiscales superiores de Piura, uno de ellos el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, resultaron desaprobados en el último referéndum, que realizó el Colegio de Abogados para evaluar a los jueces y fiscales del distrito judicial de Piura.

No ocurrió lo mismo con el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, ni con quien será su sucesor a partir del 2 de enero del 2015.“JALADOS”. Según se conoció de medios allegados a la institución profesional, en la consulta que se realizó el 14 de noviembre, tanto Luis Alfredo Dorador Carrión, jefe del Ministerio Público en la región, como el fiscal superior Héctor Lama Martínez no alcanzaron ni la nota 10, al promediar las calificaciones que les aplicaron los letrados.

La evaluación consideró si los magistrados emiten sus resoluciones o disposiciones con retraso, también el trato que brindan a los abogados, el cumplimiento del horario de atención a abogados y litigantes, entre otros aspectos, que configuran la conducta funcional de los magistrados y su idoneidad.

Si bien Dorador Carrión no desarrolla una función jurisdiccional (no dictamina expedientes), como en el caso de Lama Martínez, que es titular de la Fiscalía Superior Civil de Piura, los abogados que lo calificaron en el último referéndum consideraron los otros aspectos de la calificación.

JUECES. En la Corte Superior de Justicia de Piura, la máxima autoridad del distrito judicial realiza una labor administrativa. El presidente de la Corte de Justicia, juez superior Víctor Corante Morales, cuya gestión ya acaba, tiene una calificación promedio de 12.32 puntos.

Aunque mejor es la calificación del juez superior Juan Carlos Checkley Soria, electo presidente para el periodo 2015 - 2016, con 13.65 puntos, que es una de las notas más altas. Además este magistrado es considerado honesto por los abogados, según se conoció.

INCONSTITUCIONAL. Consultado sobre el tema, el fiscal superior Héctor Lama ha señalado que esta evaluación, realizada por los abogados, “es inconstitucional”. “En ningún momento los abogados que votan expresan las razones de su calificación, porque debería correrse traslado al afectado para que haga sus descargos”, sostuvo.

Además, debe tenerse en cuenta que hay personas mal intencionadas que pretenden hacer daño a los demás, refirió el fiscal superior.