Anticorrupción advierte posible pérdida de 206.4188 has del Pechp

La Oficina Regional Anticorrupción advirtió que las 206,4188 hectáreas que adjudicó directamente el Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) en el 2016, a través de 16 contratos de compra-venta, no podrían ser recuperadas por el Estado, pese a que se habría incurrido en un vicio de nulidad durante el procedimiento.

LOS COSTOS. El secretario Anticorrupción, Jaime Távara, indicó que pese a que ha transcurrido quince días, ni el gobernador regional, Reynaldo Hilbck, ni sus funcionarios, han procedido a iniciar la anulación de las 16 adjudicaciones. “Es una atribución exclusiva de los gobiernos regionales autorizar las transferencias, sean mediante subastas o adjudicaciones directas, de los proyectos especiales. Al no implementar las recomendaciones, los adjudicatarios podrían transferir o vender los terrenos a terceras personas y después será difícil que se pueda recuperar y allí se configura el perjuicio”, indicó.

Távara agregó que algunos de los predios adjudicados se ubican a solo 300 metros de la zona de expansión urbana de Los Ejidos de Huan y cerca de la vía de evitamiento Norte.

“La Municipalidad de Piura ha señalado que en marzo (del 2018) se va a expandir a esa zona y esos terrenos van a quedar dentro del área de expansión urbana y, además, al tener la vía de evitamiento cerca se va a revalorar muchísimo. Hay un valor comercial y arancelario. A los adjudicatarios se les ha aplicado el valor arancelario porque aún no están dentro del área de expansión, pero si el próximo año van a ser parte del área de expansión urbana entonces el precio de esos terrenos se van a quintuplicar”, indicó.

El funcionario señaló que, aparentemente, los beneficiados se apresuraron a comprar dichos predios a los agricultores para poder ejecutar proyectos inmobiliarios. “En el 2015 ceden sus derechos posesorios a los que ahora tienen los terrenos y ellos les compran a un precio barato porque precisamente ese año fue cuando el Pechp retoma las ventas directas de terrenos del Proyecto. Uno de los vicios es que no se pidió autorización al Consejo Regional, otra es que no tienen una carga agropecuaria, otra es la venta de predios cercanos al área de expansión urbana. Se ha depreciado un bien del Estado”, indicó.

Al respecto, el consejero por Piura, Hermer Alzamora, dijo que urge instalar una mesa técnica que evalúe cada uno de los 16 expedientes adjudicados el año pasado. “Habría responsabilidad e, incluso, se podría ir al Poder Judicial. Lo mínimo que tiene que suceder es que tienen que sentarse en una mesa técnica para evaluar las controversias. Se debe estudiar caso por caso porque le corresponde otorgar la autorización al Consejo Regional”, indicó.

El Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) realizó la venta directa de 206 hectáreas a 14 personas naturales, una empresa y una asociación, para supuestos fines agropecuarios. El monto total por la adjudicación de los predios es de S/934,521.88.

ACCIONES TOMADAS. Sobre la solicitud de paralización de los procedimientos de independización de los predios adjudicados, la gerente de Pro Rural, Olga Trelles, señaló que 4 de los 16 expedientes ya han sido procesados por solicitud del Pechp.

“Anteriormente se han presentado cuatro solicitudes del Pechp en el cual como titular solicitan la independización, los certificados de zonas no catastradas, los certificados negativos de zona catastrada y una de información catastral. Eso lo hemos emitido el año pasado, son para tres independizaciones y una más que se ha emitido de zona catastrada. Entonces cuatro expedientes ya se habían ejecutado los procedimientos. En este caso no es que ha solicitado la transferencia, sino que como titulares piden las independizaciones a su mismo nombre y nosotros emitidos los certificados”, señaló.

La funcionaria agregó que ahora mismo hay una solicitud pendiente por falta de pago, sin embargo, tras la emisión del acuerdo regional procederán a paralizar los procedimientos.

“Hemos hecho la búsqueda para ver si hay otras solicitudes y solo hay una pendiente por falta de pago porque cuando se aprobó el TUPA pedimos la cancelación de la emisión del certificado. En el caso de los (expedientes) que vengan daremos cumplimiento a lo que ha acordado (el Consejo Regional)”, dijo.

En tanto, la procuradora pública regional, Rosa Chinchay, dijo que han solicitado al Pechp los expedientes que sustentaron la adjudicación directa de las 206 hectáreas de terreno.

“Y también a Administración para los recursos necesarios para que en Registros Públicos podamos hacer la búsqueda para ver si están inscritas y con la partida determinar el estado a la fecha de esa transferencia porque podrían haber sido objeto de una nueva transferencia. Ese tema si me preocupa porque la transferencia a terceros se hace presumiblemente de buena fe”.

En tanto, el gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck, señaló que “hay que ver el tema legal, hay un dictamen que hemos pedido para aclarar bien el punto y hay que ver qué se determina porque lo cierto es que se vienen dando desde el año 98. Entonces, ¿eso no vale? En todo caso, de las 7,000 hectáreas que tiene el Chira Piura, en donde 206 hay algunas que son buenas y otras no, hay que ver cómo se analizan. No es un festín de tierras acá y muchas de esas vienen de hace mucho tiempo. Hay que determinar bien la disposición legal”.

RESPONDEN. Mediante un comunicado, un grupo de posesionarios rechazó algún tipo de irregularidad en el proceso de adjudicación y calificaron la decisión tomada por el Consejo Regional de Piura como arbitraria e ilegal.

“Somos posesionarios ancestrales, que han sido beneficiarios de las adjudicaciones directas en venta que ha realizado el Pechp dentro del marco de sendos procedimientos administrativos, por cumplir con los requisitos que exigen sus normas especiales; pues nuestra posesión data del año 1980, incluso algunos beneficiarios con sendas resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Reforma Agraria. Nosotros contamos con títulos de posesión que nos legitiman y amparan tanto ante la autoridad administrativa como judicial”, señala el documento.

Los beneficiarios de la adjudicación directa del Pechp agregaron que responsabilizan al Consejo Regional de Piura y a la Secretaría Técnica Anticorrupción “de los daños y perjuicios que nos pudieran generar pues pretenden anular nuestros contratos de compra-venta celebrados válidamente de su propietario”.

No obstante, de las 20 personas que firman el comunicado solo 3 figuran en la relación de adjudicatarios de los 16 contratos de compra-venta directa efectuado por el Pechp.