El magistrado Juan Carlos Checkley Soria admitió el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se pueda acceder a la información bancaria de la parlamentaria piurana. La medida alcanza también a su asesor, Miguel Chafloque, para el periodo entre enero y setiembre del año 2022
El magistrado Juan Carlos Checkley Soria admitió el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se pueda acceder a la información bancaria de la parlamentaria piurana. La medida alcanza también a su asesor, Miguel Chafloque, para el periodo entre enero y setiembre del año 2022

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario de la investigada por el Ministerio Público por presunto delito de concusión en el caso de recorte de sueldo a sus trabajadores.

El magistrado de investigación preparatoria, el piurano Juan Carlos Checkley Soria, admitió así el pedido de la Fiscalía de la Nación (área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales) para que se pueda acceder a la información bancaria de la parlamentaria entre el periodo del 1 de enero al 30 de setiembre del 2022.

Esta disposición también se realizará contra su coinvestigado, su asesor parlamentario Miguel Chafloque, involucrado en el caso como el presunto encargado de realizar los cobros a los trabajadores del despacho de Juárez.

El juez supremo ordenó que las entidades bancarias procedan al levantamiento del secreto bancario mediante el reporte de los movimientos (origen y destino) de las cuentas de ahorros “cerradas, vigentes y/o en liquidación”, corrientes o mancomunadas, así como cheques girados, préstamos y certificados de depósitos, entre otros instrumentos financieros.

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Cabe recordar que, durante su defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por este caso de recorte de sueldos, Juárez Calle rechazó estar involucrada en los actos irregulares que se conocieron en marzo del 2023 a través de reportajes periodísticos.

Estoy aquí procesada injustamente en tres instancias, basándose únicamente en una nota periodística”, dijo en alusión a la denuncia constitucional, a la investigación fiscal y al proceso que se le seguía en aquella fecha en la Comisión de Ética.

“Hasta la fecha no existe testimonio alguno que corrobore dicha supuesta participación. Evidentemente esto más parece la excusa perfecta para iniciar una persecución política en mi contra”, agregó.

Según la acusación constitucional que se presentó, la legisladora utilizaba a Miguel Chafloque Domínguez, asesor principal de su despacho, para captar los cobros ilegales los fines de mes para contribuir a la campaña del padre de la congresista, Justo Juárez, que aspiraba a ocupar el lugar de alcalde de la provincia de Paita en Piura.

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En noviembre del año 2023, el Poder Judicial rechazó el pedido de la legisladora Heidy Juárez para que ordenara a la Fiscalía de la Nación concluir la investigación preliminar que se le sigue por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho a fin de que emita una decisión.

El magistrado declaró infundada la solicitud que hizo Juárez Calle a través de su defensa legal para que se realice un control del plazo de esta investigación preliminar que se le seguía como presunta autora del delito de concusión en agravio del Estado.

José Cornejo, abogado de la legisladora, sostuvo que esta investigación se inició a partir de una denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo el pasado 11 de marzo del 2023, por lo que, transcurrido el plazo inicial de 60 días que se dispuso para realizar diligencias más la ejecución de un período similar, dicha indagación culminó el último 11 de julio.

No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que, para efectos del cómputo del plazo de una investigación preliminar, se debe tenerse en cuenta que esta se inicia a partir de la fecha en que se emite la disposición fiscal de apertura de diligencias preliminares, que en el presente caso se emitió por 60 días el pasado 13 de abril y fue ampliado por un plazo similar que venció el último 12 de agosto de 2023.

Ante ello, el magistrado resaltó que el último 2 de agosto esta investigación fiscal fue declarada compleja y se amplió por ocho meses, prolongándose el plazo hasta el 12 de diciembre del 2023.

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