El contrabando de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se ha convertido en uno de los delitos económicos más graves y extendidos en la frontera norte del país. Así lo advirtió Janinne Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), durante su presentación en el foro Perú Energía Norte 2025, donde reveló cifras que muestran un crecimiento “exponencial” del tráfico ilegal en los últimos años.
Según un estudio del gremio, solo en 2024 el contrabando de GLP envasado alcanzó los 161 mil barriles al año, equivalente a 445 barriles por día movidos en el mercado negro. El impacto económico para el país supera los US$16 millones, una pérdida que golpea directamente a la formalidad, a la competencia justa y a la propia seguridad de las familias.
“Este es un flagelo que ha crecido exponencialmente. El GLP subsidiado en Ecuador genera todos los incentivos para las economías ilegales en nuestro país”, señaló Delgado a Norte Sostenible.
Precisó que el 80% del contrabando ingresa por Tumbes y Piura, regiones donde operan redes locales que abastecen directamente a distribuidores informales.
En términos económicos, el mapa del impacto en 2024 revela pérdidas de US$ 13.3 millones solo en Tumbes y US$ 3.3 millones en Piura. Es decir, US$ 16.6 millones en toda la zona norte.
La ejecutiva advirtió que estas pérdidas son solo una parte del problema. El comercio informal de GLP alimenta otras actividades ilícitas, desde el transporte ilegal hasta la minería informal.
La directora de la SPGL fue categórica al señalar a varias instituciones responsables de un control insuficiente.
“La debilidad aduanera y la falta de intercambio de información entre Perú y Ecuador permiten que estas organizaciones operen con total libertad”, afirmó.
La SPGL identificó puntos críticos, desde una frontera altamente permeable, controles esporádicos y hasta una fiscalización que no utiliza de manera eficaz los sistemas de información existentes, como Scope y Speak.
También alertó sobre la presencia de grupos delincuenciales que ya se han “enquistado” en la economía local, generando circuitos de distribución informal difíciles de desarticular si no hay acción estatal coordinada.
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Delgado remarcó que los balones de GLP contrabandeados no cumplen ninguna norma técnica ni de seguridad, por lo que representan un peligro real para las familias que los compran buscando precios más bajos. “Cuando compras combustible ilegal no tienes garantías ni seguros. No hay empresa que responda si ocurre un accidente”, dijo.
Para la SPGL, el combate al contrabando de GLP requiere acción inmediata y articulada. Por ello, Delgado pidió fortalecer la fiscalización, dotar de más recursos a Osinergmin, SUNAT y Aduanas, y crear protocolos integrados de acción que permitan detectar y sancionar estas economías ilícitas.
