Denuncian tráfico de terrenos en la vía Piura-Paita

Los integrantes de la Asociación de Comuneros Eventuales Señor Cautivo de Pampas de Cóngora (cuyos terrenos están ubicados en el kilómetro 8 de la vía Piura-Paita) denunciaron que presuntos traficantes de terrenos se han apoderado de 148 hectáreas -de un total de 153- que ellos poseen. Al parecer, usaron documentos presuntamente ilegales para inscribir los predios en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) de Sullana.

PREOCUPANTE. Según el presidente de dicha asociación, Víctor Urteaga Bonilla, estos terrenos deben ser adjudicados por la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales) al ser eriazos de propiedad del Estado. Actualmente, los comuneros eventuales realizan trámites para que dicha entidad les otorgue la propiedad.

Asimismo, manifestó que su asociación tomó posesión de dicha área en el año 1999, pero fue en el 2013 cuando la comunidad San Juan Bautista de Catacaos les hizo la transferencia.

Urteaga Bonilla manifiesta que la presunta mafia de traficantes, para inscribir el área en la Registros Públicos, primero elaboró un contrato de compra-venta entre el ciudadano Dionisio Berrú Peña y la sociedad conyugal Edwin Mijahuanca Ramírez y Nélida Elizabeth García Huacchillo ante el hoy fallecido notario Alberto Quintana Delgado. La transferencia correspondía a S/50,000 en el 2003, cuando el predio formaba parte de la comunidad de Catacaos.

Lo irregular que advierte el dirigente es que en el archivo regional no existe el contrato de compra-venta. Además, en el año 2011, el notario público Alfonso de la Cruz Ríos ratificó el primer contrato de transferencia de propiedad.

Posteriormente, el 15 de enero de 2016, la ratificación del contrato fue presentado ante la registradora Gaubdy Saavedra Chira, quien solicitó un informe a la Oficina de Catastro de Registros Públicos de Sullana.

Urteaga señala que existe un informe técnico de catastro N° 210-2016 de la Sunarp en donde la encargada de la Oficina de Catastro, Martha Arrunategui Silupú, advierte a la registradora pública de Sullana que “la entidad competente para desafectar y adjudicar es la SBN”. En otro informe N° 387-2016, el coordinador de Catastro, Federico Trelles, indica que “el predio se encuentra en el ámbito de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos”.

A pesar de estas advertencias, la registradora inmatricula ( incorpora al Registro Público un bien sin antecedentes registrales) el inmueble a favor de la pareja Edwin Mijahuanca y Nélida García.

“Nos causa malestar el despojo y la falta de control por parte de la registradora Saavedra, quien inserta la ratificación de contrato de compra-venta de un inmueble, que no es un título legalmente válido para una inscripción de inmatriculación”, sostiene Urteaga.

Según documentos de la Sunarp, la partida del dominio del área en cuestión se inscribió el 18 de marzo del 2016 y después de un mes, el 18 de abril, la sociedad conyugal transfiere el 46.83% de dichas acciones a Henry Alexander Oruna de Lama, Aníbal Sánchez Fernández y Deisi Orinda Meca Quevedo.

Además, el 7 de julio del mismo año, la sociedad conyugal cede a Julio More Vilela el 53.17 % de las acciones y derechos restantes.

Finalmente, los titulares del terreno traspasan el predio a la empresa Eco Petroleum S.A.C por un valor de 3 millones de dólares, los cuales indica que iban a ser entregados en 30 días. Según Urteaga, finalmente la empresa vende el área nuevamente a los cuatro titulares.

“Nosotros nos enteramos de lo ocurrido en el 2016 por lo que ya hemos tomado medidas solicitando el bloqueo de la partida registral y una investigación al título archivado. Además, estamos solicitando a la jefa de Prorural que se manifieste sobre el tema”, enfatizó el presidente de la asociación.

Víctor Urteaga indica que los presuntos traficantes de terrenos lograron adueñarse de 148 de las 153 hectáreas que poseen, mediante una inscripción ilegal detallada líneas arribas.

Estas personas también habrían intentado apropiarse de las 5 hectáreas restantes a través del ciudadano Segundo Benicio Días Gadivia, quien solicitó el otorgamiento de 5.1226 hectáreas del terreno ubicado en el sector Pampas de Cóngora ante la gerencia de Prorural. No obstante, la entidad declaró el pedido improcedente porque el terreno estaba ocupado por terceros y es parte del predio San Miguel.

POSESIÓN. “El 13 de febrero del presente año llegaron personas de mal vivir y a la fuerza se apoderaron de los terrenos usando maquinaria pesada, por lo que llamé a la Policía y el apoderado de los titulares no mostró ningún documento de propiedad”, refirió Urteaga.

Esta denuncia fue puesta en la dependencia policial por el delito de ursurpación agravada contra el apoderado Hector Sabogal Urteaga. Actualmente, el caso es investigado por la fiscal María Sandoval Zapata de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.

“Aquí hay una mafia de tráfico de terrenos, acá se ve que todo lo han hecho en el mismo año, la Oficina Registros Públicos de Sullana debe pronunciarse”, dijo.

Son 22 miembros de la asociación los perjudicados. El presidente indica que los traficantes se apoderaron también de los terrenos colindantes de sus predios que son de sus vecinos.

“Es una bajeza lo que han hecho con nosotros, es un robo, esta gente esta acostumbrada a amedrentar pero nosotros no nos quedaremos cruzados de brazos”, afirmó tajantemente Urteaga Bonilla.