Además del exgerente, se solicitó prisión contra asistente de gerencia regional y el presunto nexo. Cuatro fueron liberados.
Además del exgerente, se solicitó prisión contra asistente de gerencia regional y el presunto nexo. Cuatro fueron liberados.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente general del , Jesús Torres Saravia, por estar investigado en el caso de las cartas fianzas falsas en la obra de mejoramiento del centro de Salud de Máncora y por el cual se otorgó al consorcio cerca de 4 millones de soles como adelanto directo. También se solicitó la misma medida contra otras dos personas.

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Medida

El fiscal José Jiménez solicitó la medida de 18 meses ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el exgerente regional y además contra Lisset Julliana Ballivían Castro, asistente de la Gerencia General, y Edgar Wilfredo Baca Palacios, presunto intermediario, quien se encuentra como no habido.

El Ministerio Público solicitó la fecha de audiencia de prisión preventiva dentro del plazo judicial.

El requerimiento de prisión preventiva contra Torres Saravia fue presentado la tarde de ayer, tras vencerse el plazo de detención preliminar; mientras que a Juliana Ballivían se le vence mañana.

Como se recuerda, el exgerente regional fue intervenido en una clínica en Trujillo, tras ser internado por una operación al tabique. Aún se espera que sea trasladado a Piura para que afronte el proceso en su contra.

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En tanto, los implicados Karina del Fátima Ordinola Espinoza, trabajadora del área de abastecimientos; Rosa Ana Zapata Quevedo, secretaria de Tesorería, así como de los empresarios Marco Antonio Perez Frey, apoderado de empresa Río Bravo SAC y Vladimir Iván Sokoli Montoya, gerente general de la empresa Masedi, fueron liberados bajo comparecencia restringida luego del pago de una caución de 5, 10, 50 y 100 mil soles, respectivamente.

De acuerdo a la Fiscalía, los cuatro liberados bajo comparecencia restringida no representaban peligro de fuga y obstaculización de la justicia, además que se sometieron a la persecución penal de las investigaciones. Dos exfuncionarios siguen prófugos de la justicia.