Fiscalía inicia investigación contra el gobernador

El Ministerio Público dispuso abrir investigación preliminar contra el gobernador regional de Piura Servando García Correa y funcionarios por presunto abuso de autoridad y violación a la libertad de trabajo, en agravio de la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Hidronergético Alto Piura (Peihap).

Esta es la segunda investigación que afronta la autoridad regional en lo que va de su gestión. Además, este lunes se debate en el Consejo Regional un pedido de vacancia.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público citó a declarar a la máxima autoridad regional y a sus funcionarios, para el próximo 23 de agosto en horas de la tarde.

La fiscal Ramos dispuso se inicien las diligencias correspondientes y se presenten medios de prueba para acreditar los hechos denunciados.

Esta denuncia fue presentada por la secretaria del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Alto Piura, Karina Cisneros Chero.

Como se conoce, un grupo de 14 trabajadores fueron despedidos de los puestos que ocupaban en el Proyecto Alto Piura. Ellos denunciaron que el despido fue arbitrario, ya que no les comunicaron sobre el mismo.

DENUNCIA

Los trabajadores, por medio de su representante, solicitaron reunirse con los funcionarios para llegar a un acuerdo, pero esto no ocurrió.

La agraviada precisa que, el 28 de junio, los vigilantes de la entidad con palabras altisonantes les revisaron sus bolsos y sellaron el marcador de ingreso y salida. Esto fue denunciado como hostigamiento laboral.

Luego, el lunes 1 de julio, los catorce empleados fueron impedidos de ingresar a la sede del Peihap en Chulucanas.

Karina Cisneros también refiere en su declaración que fue impedida de retirar documentación del sindicato.

La defensa de los trabajadores, Percy Ipanaqué Navarro señaló que presentarán como pruebas las denuncias que hicieron en la comisaría, así como otros documentos y las declaraciones de testigos.

“Haremos llegar a la Fiscalía un informe en el que el asesor legal recomienda al gobernador y al gerente del Peihap despida a estas personas para que no se desnaturalice el contrato, ellos han contratado de manera reiterativa a los trabajadores”, explicó el abogado Ipanaqué.

Correo intentó comunicarse con el gobernador regional para consultarle sobre la investigación en su contra, pero nos informaron que se encontraba de viaje.

El vocero y gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres Saravia, indicó que, “si la Fiscalía considera abrir investigación preliminar está en su derecho y en cumplimiento de funciones de investigación, pero eso no quiere decir que el gobernador tenga responsabilidad penal alguna”.

Torres aseguró que el Peihap es un proyecto especial y tiene autonomía económica, presupuestal y administrativa, razón por la cual los funcionarios del proyecto son responsables de las acciones administrativas que realicen en el cumplimiento de sus funciones.

PLAZO

Como se recuerda, esta investigación se inició tras la denuncia del abogado José Benel, quien señala que el gobernador nombró en cargos de confianza a personas que no cumplían con el perfil mínimo requerido por el Manual de Organización de Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) de la institución.

Entre los exfuncionarios investigados están los exgerentes del Proyecto Alto Piura, Pedro Peña Maraví y Marcial Cunia Chinguel, el exdirector de Educación, Fabriciano Cunya Aguilera, y el exdirector de Agricultura, Arnaldo Arévalo.

Se conoció que los denunciados no habrían asistido a declarar ante la Fiscalía que los investiga, cuando fueron citados.

VACANCIA

La solicitud fue realizada por el ciudadano Mariano Huamanchumo Neira, quien señala que como causales de vacancia una supuesta “incapacidad física y mental permanente”.

Entre los argumentos de Huamanchumo presenta están: “el hacer caso omiso a las resoluciones y recomendaciones del Consejo regional y Contraloría General de la República respecto a los nombramientos indebidos en los cargos de confianza”.

El segundo es el cambio constante de funcionarios de confianza, “en especial el caso de la designación de hasta cuatro gerentes en tan solo seis meses, en el Peihap”.

También señala que otra de las causas de su pedido son las contradicciones en sus declaraciones de los medios de comunicación y sus acciones en sus funciones públicas.

El ciudadano ha señalado que el Consejo Regional debe solicitar que un profesional médico sea quien evalúe al gobernador.

Por último, los consejeros regionales han anunciado que preparan una denuncia contra García Correa por haberle encargado al jefe de la Oficina Anticorrupción, José Martínez Gómez, la secretaría técnica anticorrupción, pese a que ellos le habían retirado la confianza. Esto ha generado un clima de conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo.

Los fiscalizadores analizan si procede una denuncia, por lo que el próximo 7 de agosto un grupo de especialistas en derecho administrativo expondrá ante el Consejo Regional sobre las facultades que posee este órgano, de acuerdo a la Ley de gobiernos regionales y al ROF de la entidad.

Sobre este tema, la autoridad regional ha manifestado que están a la espera de que el consejo presente una propuesta bien fundamentada.

En tanto, en la instalación de la Comisión Regional Anticorrupción se dio plazo de 30 días para la designación del secretario técnico.