Inician proceso contra regidor de la municipalidad de Piura por cuestionada adquisición de alimentos

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Piura informaron que iniciaron un procedimiento disciplinario a exfuncionarios del gobierno del exalcalde Juan José Díaz Dios.

Esto se da como consecuencia de los hallazgos y conclusiones del dictamen D000560-OSCE-SPRI del Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado, que evaluó el otorgamiento de la buena Pro de la subasta inversa electrónica N°01-2022-CS/MPP-primera convocatoria- para la “Adquisición de productos alimenticios para el programa de complementación alimentaria municipal PCAM y PANTBC”, en donde resultó ganadora la Asociación Campesina Higuerón San Lorenzo Paimas.

En la investigación se descubrieron presuntas irregularidades en el proceso de selección.

Como se sabe, los programas alimenticios son diseñados para garantizar la nutrición de las personas de escasos recursos de la provincia. La municipalidad, mediante la Gerencia de Desarrollo Social, se encarga de proveer productos de primera necesidad a los comedores populares y otros organismos de su jurisdicción. Para tal caso, forma comités de selección para garantizar la transparencia de lo que se adquiere. Sin embargo, se cuestionó el proceso de adquisición de alimentos del año 2022.

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Se detectó que el comité de selección conformado por Holjer Joel Cunya Flores, exadjunto de la Gerencia de Desarrollo Social; Darwin César Távara Rosillo, excoordinador general del Programa de Complementación Alimentaria Municipal; y Javier Eca Eche, exjefe de la Oficina de Logística; además del abogado Ricardo Javier Acuña Carrasco, exgerente de la Gerencia de Desarrollo Social, todos personal de confianza del exalcalde Díaz Dios.

La OSCE identificó que los funcionarios habrían vulnerado el principio de transparencia y publicidad al no asegurarse que los requisitos sean de conocimiento pleno de todos los postores. Además, solicitaron en las bases y en el requerimiento, requisitos no previsto en la normativa. Asimismo, los funcionarios incurrieron en prácticas administrativas cuestionables al modificar las exigencias previstas en el DIC y no garantizar el cumplimiento de las calificaciones técnicas con los requisitos de calificación de los bienes a adquirir.