Javier Salazar: “Procuraduría del GORE no tiene personal especializado”
Javier Salazar: “Procuraduría del GORE no tiene personal especializado”

Escrito por José Martínez 

El abogado especialista en obras públicas y arbitrajes Javier Salazar Soplapuco estimó que la defensa del gobierno regional en los procesos arbitrales no viene siendo llevada de la mejor forma.

¿Cómo ve el panorama de los arbitrajes en que está inmerso el gobierno regional?

Considero que en la Procuraduría del gobierno regional existe una falta de personal especializado en la administración de arbitrajes, que acredite conocimientos y experiencia para afrontar procesos de gran importancia, como los del Alto Piura, en que están en controversia más de 140 millones de soles.

¿No se han tomado las medidas adecuadas para que se separe al árbitro Cantuarias?

El proceso arbitral tiene algunas semejanzas con el proceso judicial, en el sentido que tú debes pedir las cosas que están enmarcadas en la norma. De lo contrario, no te van a conceder la solicitud, aunque poseas el derecho. La figura de la remoción no existe en el procedimiento arbitral.

¿Qué debió pedirse? 

Se debió formular la recusación, basado en la figura del árbitro inhábil y del árbitro sospechoso. El árbitro es inhábil cuando existen causas objetivas, que impiden que continúe con su labor. En este caso, la investigación que se está realizando, las restricciones que tiene como persona. No puede retirarse de la ciudad de Lima sin autorización judicial y la sede del arbitraje es acá en Piura.

¿Cuándo se da la figura del árbitro sospechoso? 

En el arbitraje se toma en cuenta la simple sospecha, si para una de las partes ese árbitro es sospechoso de tener un comportamiento que no va a facilitar que se resuelvan las cosas, en realidad es su derecho pedirlo. Eso está regulado en el artículo 28 de la Ley de Arbitraje.

¿Son numerosos los arbitrajes que tiene el gobierno regional? 

Casi 280 procesos y, en realidad, la mayor parte son procedimientos de poca monta, en que están en juego 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 millón, y se han originado por situaciones que van a resolverse en favor del contratista, por más que lo defiendan, por ejemplo, ampliaciones de plazo y liquidaciones de obras que han quedado consentidas, valorizaciones que no se pagan. En realidad, las controversias han resultado más costosas para el gobierno regional, que llegar a un acuerdo.

¿Qué propone? 

Los contratistas no ejecutan obras para ir al arbitraje. Los contratistas ejecutan obras para dos cosas: para obtener una utilidad y para ir generando experiencia, que les permita mantenerse en el mercado. Por eso, de repente a algunos contratistas, cuyos arbitrajes son de poca monta, les interesa que se tenga por concluida la obra, porque eso les va a servir para generar experiencia y pueden llegar a un acuerdo respecto del pago.

¿Es posible un acuerdo de pago con las contratistas? 

La semana pasada se han aprobado nuevas disposiciones para que se paguen los montos correspondientes a laudos arbitrales firmes. Ahora, si realizas un buen planteamiento ante la comisión del MEF, te puede autorizar el pago. Pero, eso requiere que se tome la decisión de terminar con esos conflictos, que generan más conflictos al interior y hace que se pague mensualmente una planilla a un conjunto de trabajadores, que no han sido evaluados oportunamente.

¿Qué pasaría con los arbitrajes por montos elevados? 

Si se hace un sinceramiento de los arbitrajes, se van a quedar con los más importantes, esos sí hay que trabajarlos, esos sí hay que analizarlos, pero con un equipo de profesionales especialistas.

¿Cuál es su propuesta en el caso del Alto Piura? 

Considero que se debería crear una Procuraduría Ad Hoc para el tema de arbitrajes del Alto Piura, no solamente un procurador, sino un equipo multidisciplinario, formado por ingenieros, contadores y abogados. Y el gobierno regional debería sacar a concurso público esas plazas.

¿Cuál es su comentario final? 

Si ocurre otro revés, ya hemos tenido uno con Camargo, por más de 72 millones, ahora ya sumarían más de 200 millones de soles. Por eso, este es un tema que involucra a todos los piuranos.

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