Jueza ordena prisión para nueve de “Los Impostores de la Reconstrucción”

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, que despacha la jueza Milagros La Torre Vásquez, dictó 18 meses de prisión preventiva para nueve de los diez imputados en el caso “Los Impostores de la Reconstrucción”.

Fue durante la audiencia realizada ayer en una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Piura, donde los abogados de los investigados expusieron sus alegatos, y la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Fecor), sustentó su requerimiento de prisión. Ambas partes estuvieron disconformes con la decisión de la magistrada.

La pena que podrían recibir los imputados, en caso resulten responsables por los delitos que les imputan, es de 8 a 14 años.

Ellos son: José del Carmen Santamaría Sandoval, Néstor Hugo Cabrera Ruiz, Javier Eduardo Lozada Romero, Ramiro Rolando Solís Bustamante, Humberto Gerardo Zavaleta Pinedo, Irma Lisseth Ramírez Torres, Rosario Yangua Pintado, Marcia Erika García Vilela y Miguel Ángel Vásquez Durand.

resolución. Durante la audiencia, la fiscal Rocío Vences sustentó la existencia de la organización criminal, y los roles que desempeñaban cada uno de sus presuntos integrantes.

Según el Ministerio Público, José del Carmen Santamaría Sandoval se hacía pasar como gerente zonal de oficinas apócrifas de la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) en Piura.

La presunta organización criminal había montado oficinas que supuestamente dependían de la PCM, como la de PCM zonal Piura, PCM zonal Piura para la Reconstrucción con Cambios, PCM Diálogo Para todos, y PCM zonal Piura Programa Crecer Multisectorial.

De acuerdo a las diligencias que realizó la Fecor con la PCM, la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la verdadera PCM que despacha Susana Silva Haseback les informó que dichas oficinas no existían.

A través de estas falsas dependencias, los presuntos miembros de esta organización llevaban a cabo falsos procesos de adjudicación de obras en forma directa, previo contacto con algunas empresas interesadas, las mismas que resultaron agraviadas.

Cargos y funciones. Durante la lectura del dictamen, la jueza mencionó que José del Carmen Santamaría Sandoval, natural de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, se desempeñaba como gerente zonal. A él se le imputa los presuntos delitos de ser miembro de una organización criminal, de falsedad genérica y estafa agravada.

Aprobó el requerimiento de prisión preventiva en su contra porque se cumplían los presupuestos, entre ellos el que la pena que podría recibir sería de 14 años, en caso sea hallado responsable por el delito que se le imputa.

Néstor Hugo Cabrera Ruiz, quien se desempeñaba como administrador del programa Crecer Multisectorial, es acusado de los presuntos delitos de pertenecer a una organización criminal, de falsedad genérica, falsificación de documentos, uso de documento público falso, y falsa declaración en proceso administrativo.

Su prognosis de pena alcanza a los 13 años en caso se le encuentre responsable.

Otro de los imputados es Javier Eduardo Lozada Romero, quien fue contratado como supuesto controlador y supervisor, además de ser miembro del Comité de Contrataciones.

A él le alcanzaría una pena de 14 años de acuerdo a la suma de los presuntos delitos que se le imputan como son: organización criminal, falsedad genérica y estafa agravada.

Cabe señalar que el único que tendría una pena menor que el resto de imputados (8 años) sería Humberto Gerardo Zavaleta Pinedo, natural de La Libertad. A él solo se le imputa el presuntamente pertenecer a una organización criminal.

De acuerdo al dictamen de la jueza Milagros La Torre Vázquez, todos los imputados supuestamente sabían que dichas oficinas eran falsas, más aún después de conocer de la intervención que se realizó en octubre de año pasado a una de las oficinas de la calle Los Juncos de la urbanización Miraflores.

Como se sabe, los detenidos junto con otras seis personas, fueron intervenidos el pasado 31 de diciembre del 2018.

Esta se realizó en el auditorio de la Camco (Cámara de Comercio y Producción de Piura), estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) del Ministerio del Interior, y la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La organización había publicado en el boletín del diario oficial El Peruano, una resolución de urgencia falsa, donde daban cuenta de la conformación de un órgano especial de contrataciones autónomo, facultado para invitar a empresas, recibir cotizaciones y seleccionar a postores, para ejecutar obras de reconstrucción.