Los líos judiciales de las exautoridades investigadas por casos de corrupción
Los líos judiciales de las exautoridades investigadas por casos de corrupción

El  de , Walter Ayala Antón, se sumó a la larga lista de exautoridades investigadas por la fiscalía por presuntos actos de corrupción. A él se le dictó nueve meses de prisión preventiva por supuestamente solicitar una coima para direccionar una obra de inversión pública. 

CATACAOS Y LA UNIÓN

Este año, el primero en ser sentenciado a cuatro años de cárcel efectiva fue Mario More López, exalcalde del distrito de  por los delitos de colusión agravada en  el caso de la concesión del Camal Municipal otorgada a la empresa Shasky SAC. La condena fue dictada el pasado 25 de marzo y More López tiene orden de captura. 

Ayer, el juez Christian Azabache Vidal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de , dictó nueve meses de contra el exalcalde de La Unión, Walter Ayala Antón.

En tanto, para el exgerente municipal de dicho distrito, César Ruiz Rivera, dispuso mandato de comparecencia con restricciones.

Ambos son investigados porque supuestamente habrían solicitado el pago de una “coima” de 30,000 soles para direccionar la ejecución de las obras de mejoramiento de los colegios La Unión y Libertadores de América, entre junio y julio del 2015, lo que configuraría el delito de cohecho pasivo propio.

OTROS CASOS

Dos exautoridades de la región y al menos ocho exalcaldes provinciales y distritales están sometidos a investigaciones, por presunta corrupción. Pero ninguno está en cárcel.

El exburgomaestre de , Jaime Bardales, está prófugo, tras ser condenado en noviembre del 2016 y la pena reducida en segunda instancia a 7 años en abril del 2018, por irregularidades en la construcción de una tribuna del estadio Campeones del 36.

El exgobernador regional Reynaldo Hilbck y su antecesor Javier Atkins afrontan un proceso en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, por un presunto favorecimiento a la brasileña Camargo Correa, que tuvo el proyecto Alto Piura.

El caso está referido a la aprobación de ampliaciones y una indemnización en el 2012, cuando Atkins era titular de la región y Hilbck el presidente del directorio. La defensa de Hilbck ha planteado el archivamiento del caso.

Aparte, el Juzgado Unipersonal de Sullana ha iniciado juicio oral a Javier Atkins, exviceministro de Pesquería, por un supuesto favorecimiento a la empresa de su sobrino político, para que brinde seguridad en el Hospital de Apoyo de Sullana en 2013 y 2014.

El pasado 20 de marzo se instaló la audiencia de juicio oral contra Javier Atkins Lerggios por la presunta sobrevaloración de cuatro millones de soles en la construcción de la obra del puente San Miguel de Piura. En este caso, la fiscalía solicita 10 años de cárcel para la exautoridad.

El exalcalde de, Práxedes Llacsahuanga, junto a exfuncionarios de esa comuna, esperan la fecha para el inicio del juicio oral por presunta colusión simple. La investigación versa sobre el proceso de adquisición de un pool de maquinaria para limpieza pública en el 2015, por más de 4 millones de soles.

También está en líos el exburgomaestre de (Ayabaca), Juan Manuel García Carhuapoma, inmerso en un caso por supuestas irregularidades en una obra de alcantarillado. La causa está para control de acusación.

En tanto, la exautoridad de  y ahora alcalde del distrito Lagunas, Humberto Marchena, espera el fallo de la Sala de Apelaciones de Sullana. Igual que el ahora otra vez alcalde de Sapillica (Ayabaca), Silvestre Carhuapoma.

En el caso de la exalcaldesa de , Ruby Rodríguez, la Fiscalía debe presentar requerimientos de acusación independientes respecto a una obra de mejoramiento.

También están investigados los exalcaldes de , Rogelio Trelles Saavedra y José Bolo Bancayán, con casos que se encuentran en la etapa intermedia.

Mención aparte merece la exalcaldesa de , Violeta Ruesta, quien fue sentenciada a seis años de cárcel efectiva por el caso del millonario adelanto a la contratista H&B, ejecutora de una obra de saneamiento para 14 asentamientos humanos del distrito. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la República reformó la sentencia-vía casación- y dispuso cuatro años de pena suspendida en su ejecución.