La Fiscalía detuvo a cuatro de las siete personas con orden de detención preliminar, investigadas por las presuntas irregularidades en la contratación del Consorcio MNDC para ejecutar la obra del centro de salud de Máncora. A la empresa se le pagó casi S/ 4 millones.
La Fiscalía detuvo a cuatro de las siete personas con orden de detención preliminar, investigadas por las presuntas irregularidades en la contratación del Consorcio MNDC para ejecutar la obra del centro de salud de Máncora. A la empresa se le pagó casi S/ 4 millones.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) allanaron siete inmuebles de forma simultánea en y Lima. Durante el operativo detuvieron a 4 de las 7 personas que estarían involucradas en la investigación del caso de las cartas fianzas falsas de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales en la obra de mejoramiento del establecimiento de salud de Máncora. La obra tiene un valor de 39′564,528 soles.

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La tarde de ayer, el exgerente general del GORE, Jesús Torres Saravia, informó a la Fiscalía que se ponía a su disposición y que estaba internado en la clínica San Luis Asistencial Docente, en la provincia de Trujillo en la región La Libertad.

Detención preliminar

Dos exfuncionarias del Gobierno Regional de Piura y dos representantes de las empresas Masedi y Río Bravo SAC fueron detenidos en el megaoperativo contra “Los Avezados del GORE II”, donde hubo un nuevo allanamiento y descerraje de viviendas. La detención preliminar de los detenidos es de 72 horas.

La intervención se realizó en las viviendas de Karina del Fátima Ordinola Espinoza, abogada del área de Procesos de la oficina de Abastecimientos y de Rosa Ana Zapata Quevedo, secretaria de la oficina de Tesorería, ambas del gobierno regional.

También se intervinieron las viviendas, en la ciudad de Lima, de los empresarios Vladimir Iván Sokoli Montoya, gerente general de la empresa Masedi SA, y de Marco Antonio Pérez Frey, apoderado de la empresa Río Bravo SAC.

Orden de captura

Asimismo, se intervino los inmuebles del gerente general Jesús Alberto Torres Saravia; Edgar Wilfredo Baca Palacios, presunto intermediario y Lisset Juliana Ballivian Castro, asistente de la Gerencia General; quienes no se encontraban en sus domicilios al momento de la intervención. No obstante, hay una orden de captura para estos exfuncionarios del gobierno regional. La tarde de ayer, Torres Saravia informó a la Fiscalía que estaba internado en la clínica San Luis Asistencial Docente, en Trujillo.

Según la Fiscalía, las siete personas han sido incluidas en la investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada que se sigue por irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, que debía realizar la obra y equipar el establecimiento de salud en Máncora, en la provincia de Talara. A este consorcio se le hizo un adelanto de 3′956,452 soles.

Además, las personas investigadas habrían participado en la formalización de los documentos, lo que permitió la contratación y la aceptación de las cartas fianzas falsas para el desembolso de los cerca de cuatro millones de soles.

Luego de la denuncia, el GORE solicitó la devolución del dinero que fue transferido a favor del Consorcio Constructor MNDC el pasado 10 de marzo, tres semanas después de firmar el contrato entre la entidad y la empresa.

Durante el allanamiento se incautó laptops, celulares, documentos en físico y digital de la obra materia de investigación, tarjetas de crédito, entre otros documentos y bienes vinculados con el delito investigado. En el operativo participaron 14 fiscales.

Asimismo, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones para proceder a la visualización de la información que contengan todos los teléfonos celulares, tarjetas SIM (chip), tabletas, cámaras fotográficas, ordenadores (PC, laptops) y otros soportes electrónicos de almacenamiento de datos incautados en los inmuebles allanados, además de la visualización y extracción (en forma manual y con los programas correspondientes) de las diversas conversaciones que abren en los aplicativos (correo electrónico, WhatsApp, Viber, Messenger, Instagram, Facebook, entre otras redes sociales) que se hallen configurados en los equipos de comunicación, telecomunicación, informáticos, electrónicos y demás que sean incautados en los inmuebles allanados.

Investigación

Al respecto, el congresista piurano, Franco Salinas, pidió que se detenga al exgerente para que diga toda la verdad, además que habrían otros implicados y pide que también se investigue al gobernador regional Servando García, como titular de la entidad regional.

Salinas dijo que si el gerente general está implicado y es mano derecha del gobernador Servando García, deja mucho que pensar.

“Yo creo que lo que ha pasado es que el colaborador eficaz debe haber contado la verdad y esto no va a parar hasta llegar al gobernador, eso es lo más probable. El estar prófugo el señor Jesús Torres implica culpabilidad de alguna u otra manera, aunque está en todo su derecho”, dijo el congresista.

Para el parlamentario, habrá más implicados en este caso, por lo que se irán abriéndose más investigaciones como es el caso del río Piura.

Según el expediente de investigación sobre estos presuntos actos de corrupción, se determinó la existencia de indicios graves de participación de funcionarios del Gobierno Regional de Piura.

Producto de la declaración del colaborador eficaz habrían otros implicados (totalmente distintos), lo cual aún se encuentra en diligencia preliminar y en el cual se aprecian nuevos elementos donde se denotaría otros funcionarios y servidores públicos.

Finalmente, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Piura, Christian Azabache Vidal, realizó ayer la diligencia de lectura de derechos a dos trabajadoras del Gobierno Regional de Piura, quienes estarían involucradas en presuntos actos de corrupción tras la suscripción de contratos para la ejecución de obras públicas.

Cabe señalar que el funcionario o servidor público que intervenga directa o indirectamente en las contrataciones y adquisiciones de bienes del Estado, mediante concertación con los interesados, será reprimido con pena no menor de 6 ni mayor de 15 años.