La noche del martes, un obrero fue acribillado por sicarios en Las Lomas, convirtiéndose en el cuarto crimen en menos de una semana. Ante esta situación, autoridades precisaron que urge declarar en emergencia la Seguridad para dotar de logística a la Policía.
La noche del martes, un obrero fue acribillado por sicarios en Las Lomas, convirtiéndose en el cuarto crimen en menos de una semana. Ante esta situación, autoridades precisaron que urge declarar en emergencia la Seguridad para dotar de logística a la Policía.

La cifra de crímenes en la región ha incrementado de forma preocupante en lo que va del año, sobre todo los asesinatos por encargo a cuyos sicarios no les tiembla la mano para acabar con su objetivo. En medio de este panorama, la noche del martes sicarios asesinaron de seis balazos a un obrero de construcción civil en una céntrica avenida del distrito de Las Lomas, convirtiéndose en la víctima número 78 de crímenes violentos.

Ante esta situación, autoridades de Piura detallaron que urge declarar en emergencia la Seguridad Ciudadana para, de esta manera, dotar a la Policía de la logística y presupuesto necesario para combatir a la delincuencia.

CRÍMENES

De acuerdo al jefe de la Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Carlos Malaver, de los 78 homicidios violentos, entre los que se encuentran los cometidos bajo la modalidad de sicariato, simples y los cinco feminicidios; 43 corresponden a la División Policial de Piura que comprende las provincias de Sechura, Piura, Morropón-Chulucanas y Huancabamba; mientras que 35 asesinatos más se encuentran dentro de las estadística de la División Policial de Sullana que comprende las provincias de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca.

Justamente, el martes a las 8:30 de la noche, el obrero de construcción civil Víctor Kenyi Céspedes Medina (31) fue acribillado de seis balazos por dos sicarios que lo interceptaron cuando manejaba su motocicleta por la avenida Panamericana Norte en la zona céntrica del barrio Miraflores, en el distrito de Las Lomas.

El obrero había llegado hace una semana para iniciar labores en la obra de remodelación del centro de salud de Las Lomas y antes de ser ultimado recibió una llamada telefónica que lo hizo salir de su inmueble, por lo que no se descarta quese trate de un ajuste de cuentas por la disputa de las obras de construcción.

Al respecto, el general Malaver dijo que en estos casos sangrientos muchas veces la familia cierra cualquier tipo de información por temor a represalias, por ello, las investigaciones se están direccionando con relación a la empresa donde iba a trabajar el fallecido, ya que justo el día de su muerte había ingresado a laborar en la referida obra. “Todavía no se tiene el móvil exacto, pero no se descarta que se trate de grupos que se estén enfrentando por este tema de las obras”, acotó el oficial.

Este nuevo crimen se suma a otros tres que ocurrieron en menos de una semana, los mismos que iniciaron con el homicidio del trabajador judicial Roy Andrés Ruesta Montalván (40), quien fue asesinado de dos balazos por un obrero, tras una pelea en el mercadillo de San José, la madrugada del último sábado. Posteriormente, la madrugada del domingo un ciudadano venezolano fue acribillado en la provincia de Paita, y aún se encuentra sin identificar, el mismo día el comerciante Angello Carbonel Amaya (29), fue acuchillado en el asentamiento El Indio, en el distrito de Castilla.

Sobre este panorama, el general Carlos Malaver fue enfático en detallar que no se puede negar el incremento de los crímenes en la región que son la réplica de lo que viene también ocurriendo en mayor proporción en la capital de Lima.

El oficial mencionó que la lucha contra la delincuencia no solo comprende a la Policía Nacional del Perú, sino es un tema muy estructural que involucra a otros órganos que imparten justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial. “El análisis no es solamente de carácter simplemente represivo, ya que muchas veces la Policía realiza su labor, pero la delincuencia utiliza muchas veces argucias legales en otros niveles que los regresa a las calles generando un mensaje de impunidad en estos grupos delictivos”, refirió.

Añadió que la población es una parte fundamental para esta lucha, ya que son ellos la principal fuente de información para que la Policía realice las investigaciones, por ello, exhortó a la población a no callar y denunciar los hechos delictivos. “En algunos casos como los crímenes violentos muchas veces la población que recibe alguna amenaza no comunica a la Policía”, agregó.

EMERGENCIA

El consejero regional y exjefe de la Divincri, Alfonso Llanos, enfatizó que el análisis de la Seguridad Ciudadana a nivel nacional es grave, sobre todo en Piura, ya que a cien días del gobierno del presidente Pedro Castillo no tiene una política de Estado para combatir la otra pandemia que es la delincuencia. Ante ello, dijo que es necesario se declare en emergencia la Seguridad Ciudadana para fortalecer las unidades policiales y dotar de mayores recursos y logística a la PNP.

Añadió que en Piura la capacidad policial está desbordada, y no por culpa de la Policía sino por falta de recursos, ya que según explicó en una reciente visita a dos dependencias policiales como son la comisaría de Familia y Radio Patrulla se evidenció la falta de logística en el parque automotriz. “He asistido a la comisaría de Familia de Piura y me di con la sorpresa de que no tiene movilidad para hacer diligencias contra el maltrato a las mujeres y la muerte. El segundo indicativo es que la policía de patrullaje (Radio Patrulla) tiene 20 motocicletas guardadas por falta de mantenimiento y repuestos; y solamente tiene activadas ocho camionetas para cuidar todos los distritos y asentamientos humanos de Piura. En el caso de Piura el crimen está desbordado y este Gobierno no hace nada”, acotó. A su turno, el general Malaver dijo que se necesita mayor cantidad de recursos logísticos para cubrir una ciudad como Piura que año a año viene creciendo en su economía.