La diligencia se realizó como parte de las investigaciones por el presunto desvío de dinero del pago de maestrías de alumnos ecuatorianos.
La diligencia se realizó como parte de las investigaciones por el presunto desvío de dinero del pago de maestrías de alumnos ecuatorianos.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios allanó dos inmuebles y tres oficinas de la Universidad Nacional de Piura (UNP) como parte de las investigaciones que realiza por el presunto desvío de dinero del pago de maestrías de alumnos ecuatorianos, que involucra al exrector de dicha casa de estudios y actual candidato al Congreso, César Reyes Peña.

DILIGENCIA

La diligencia autorizada por el titular del Juzgado Especializado en delito de Corrupción de Funcionario, Cristhian Azabache Vidal, a solicitud del fiscal provincial Javier López Romaní, se realizó la mañana de ayer en los inmuebles de las trabajadoras de dicha casa de estudios; Isabel Lozada Chulli y Yolanda Palacios de Guzmán, situadas en la cuadra 24 de la avenida Grau y la primera etapa de la urbanización Ignacio Merino, respectivamente.

Además, se allanaron las oficinas de Tesorería, Caja y Central de Ejecución Presupuestaria de la UNP para el registro, incautación de documentación no privados y extracción de información de equipos electrónicos que ayude en la investigación que realiza la Fiscalía.

De acuerdo a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, durante el periodo 2015 y el 2018, funcionarios y servidores se habrían apropiado de caudales del Estado provenientes del pago de mensualidades, matrículas y otros efectuados en las maestrías dictadas en la ciudad de Ecuador, por parte de alumnos ecuatorianos, que ya han sido identificados como agraviados.

Cabe precisar que Correo publicó el 25 de noviembre del 2018 unos audios donde presuntamente se pone al descubierto el manejo del desvío de dinero de las matrículas de maestría y la preocupación por parte de uno de los investigados para que esto no sea descubierto por Control Interno.

La investigación se realiza por el presunto delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado en agravio del Estado que involucra a seis funcionarios de la UNP, entre ellos, dos exrectores.