El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Piura detectó un perjuicio económico de más de 70 000 soles en el manejo de las planillas de trabajadores de la Subregión Morropón-Huancabamba, entre febrero a noviembre del año 2021, durante la gestión del exgobernador regional, Servando García Correa.
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De acuerdo al informe de control específico N° 05-2025, entre los meses de febrero a noviembre del 2021, es decir, en plena pandemia del COVID-19, se hicieron pagos mensuales por S/ 7000 en la cuenta bancaria del Banco de la Nación de una profesional médico que nunca laboró en el periodo señalado.
La investigación de los auditores se inició cuando la profesional médico Sarita Ramos Coveñas denunció ante la Contraloría que había recibido pagos de S/ 7000 mensuales entre febrero y noviembre del 2021 por su labor en el centro de salud de Morropón, a pesar que no había sido contratada por la entidad entre esos meses.Durante la investigación de los auditores, se obtuvo el supuesto contrato de trabajo entre el director del centro de salud y la galeno, por el período comprendido entre el 1 de febrero al 31 de diciembre del 2021.Dicho documento solo contaba con la firma del director del centro de salud, pero no de la profesional. Esto fue pasado por alto por los funcionarios a cargo del control de asistencia de los servidores y de la elaboración de las planillas.
Los auditores recabaron información de la mayoría de centros de salud de la jurisdicción y en ninguno hubo referencia de que la señalada galena laboró entre los meses materia de la investigación.La única excepción fue el centro de salud Jesús Guerrero Cruz de Huancabamba, en donde los funcionarios reportaron que la galeno sí laboró, pero a partir del mes de diciembre del 2021, vale decir, diez meses después de haber recibido los pagos.“Aún cuando los establecimientos de salud mencionados no contemplaban a la médico en sus reportes de asistencia y programación de turnos, el señor Exon Granda Abramonte, encargado (del control de asistencia) de la entidad, no advirtió tal situación al señor Edwin Vicente Ramírez, encargado de planillas CAS, permitiendo de esta manera que se realice el pago de haberes a una profesional que no venía prestando servicios a la entidad”, se lee en el informe de control específico.
De esta manera, el informe de Contraloría concluye que los funcionarios recayeron en una presunta responsabilidad penal por el perjuicio económico de S/70 300 en agravio de la Dirección Regional de Salud.Los implicados son Percy Maldonado Sernaqué y Carlos Núñez Abramonte, como jefes de la oficina de gestión y desarrollo de Recursos Humanos, en diferentes periodos; Carlos Sarango León, como jefe de remuneraciones; Exon Granda Abramonte, funcionario del área de remuneraciones y Edwin Vicente Ramírez, como encargado del control de asistencia.
