La minería ilegal que se desarrolla en Suyo, Las Lomas, Ayabaca y Tambogrande no solo deja grandes pérdidas económicas para la región Piura, sino que también se asocia con el aumento de la violencia, homicidios, sicariato, extorsiones, trata de personas, extorsiones, entre otros problemas.
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El decano del Colegio de Economistas de Piura, Raúl Martínez Luna, explicó que la minería ilegal que se desarrolla en la región genera grandes pérdidas económicas.
“La minería ilegal en el Perú ha generado pérdidas superiores a S/ 22 700 millones, una cifra que habría podido ingresar a las arcas nacionales y que representa 17 veces el presupuesto anual del Gobierno Regional de Piura, que es de aproximadamente S/1,300 millones. Este dinero podría haber significado 17 años de presupuesto para la región”, manifestó Martínez.
Criticó que no existe una formalización de los mineros ilegales, tal como se corroboró la semana pasada, cuando la Policía realizó dos operativos e intervino a cinco personas en Suyo y Ayabaca y decomisó maquinaria valorizada en 64 000 soles.
“Es preocupante que ocho de cada diez mineros artesanales inscritos al Reinfo nunca se han formalizado, es por eso que la región Piura tiene altos índices de exportación de oro ilegal (...). Las políticas de los gobiernos locales o regionales dan mensajes de agro sí mina no, no obstante, no toman en cuenta que la minería formal genera impuestos, Canon, trabajo a la población. No obstante, la minería ilegal trae muertes, prostitución, ilegalidad, informalidad, pero además no genera ningún tipo de recurso económico a los gobiernos locales”, recalcó.
Raúl Martínez precisó que muchas veces la minería ilegal financia a estas organizaciones y ONG que están actuando en contra de la gran minería formal.
“Qué raro que diversas ONG y autoridades no digan nada en contra de esa minería ilegal que daña el medio ambiente, que genera prostitución en muchas zonas de la región. Esta gente muchas veces tiene que hacer un lavado de activos y son los que financian campañas políticas, son los que financian a las ONG antimineras y antiinversión, que se denominan pro desarrollo o procuidado del agua o pro defensa del desarrollo humano. Y esto hay que evaluar también”, afirmó.
Exhortó a las autoridades a promover la inversión privada y no caer en el populismo.
“Cómo es que acabamos con estos males que se llaman pobreza, informalidad, desnutrición, anemia, si tenemos miedo a esta formalidad que trae consigo desarrollo”, dijo.
A su turno, el ex jefe policial de Piura, coronel PNP en retiro, Máximo Vargas Hugo, afirmó que la minería ilegal en Piura se asocia con el aumento de la violencia.
“La minería ilegal se vincula con hechos delictivos como sicariato, extorsión, trata de personas, prostitución, mercado negro de materiales explosivos, corrupción, evasión de impuestos”, explicó Máximo Vargas.
