Piura: Once funcionarios recibieron canastas de MPS

Una vez más, la Contraloría detectó la entrega irregular de las canastas de alimentos, por parte de las municipalidades, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19.

FUNCIONARIOS

Esta vez, durante su visita de control de “Distribución de canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia nacional por la COVID-19”, realizada el pasado 7 de agosto, el órgano de control detectó que se habría entregado canastas de alimentos a nueve funcionarios que laboraban en la Dirección Regional de Educación y dos en la Dirección Regional de Salud de Piura.

Los auditores descubrieron que dichos servidores públicos, en el momento que habrían recibido las mencionadas canastas, entre el 18 y 21 de abril del presente año, percibían ingresos mayores a los S/ 2 000; lo cual supera la condición de pobreza, según el costo promedio mensual de una Canasta Básica Alimentaria para una familia de cuatro integrantes.

Y según las disposiciones del gobierno, solo podían recibir las canastas de alimentos los hogares vulnerables con bajos ingresos, así como personas cuyas actividades cotidianas se suspendieron en el marco de la referida emergencia por el COVID-19 y no laboraban en el sector público, ni privado.

Para tal fin, la municipalidad de Sechura recibió la suma de S/ 200 000 para la adquisición de los alimentos y habría repartido 3500 canastas a hogares vulnerables, según lo señalado en los documentos de distribución y entrega a beneficiarios de las canastas básicas familiares del 7 de agosto de 2020, al acuerdo de Concejo Municipal Nº 033-2020-MPS y al registro realizado por la entidad en la Plataforma de Transparencia, en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 de la Contraloría General de la República del Perú.

CANASTAS

La comisión de control obtuvo copias fedateadas de las personas que recibieron las canastas, entre los que se encuentran 11 funcionarios de Educación y Salud y que figuran en el registro de beneficiarios de la “Plataforma de Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19”. Ellos percibían un sueldo como servidores públicos superiores a los S/ 2 000.

Según la Contraloría, de acuerdo a la información contrastada en Reniec; se advierte que diez funcionarios sí habrían recibido las canastas, teniendo como referencia que las firmas, consignadas en el “Registro de entrega de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar” serían aparentemente similares a las firmas registradas en Reniec. Además, se aprecia que la firma de uno de los presuntos beneficiarios no coincidiría con la registrada en Reniec; sin embargo, independiente de haber recibido una canasta, se verifica que la municipalidad sí lo incluyó como favorecido.

Tras la verificación de la información, se descubrió que existirían funcionarios que perciben ingresos superiores a los 1 408 soles.

A pesar que percibían un sueldo fijo, se les incluyó como beneficiarios y habrían recibido en abril, las canastas por parte de la Municipalidad de Sechura.

Los auditores determinaron que la municipalidad provincial de Sechura no realizó una correcta identificación de hogares para priorizar la entrega de los alimentos, al haber incluido como beneficiarios a trabajadores de instituciones públicas.

Según la Contraloría, dichos empleados no tendrían la condición de vulnerable, toda vez que superan la línea de pobreza determinada por el INEI; situación que afecta la atención de las necesidades básicas de alimentación de hogares vulnerables en la jurisdicción de la provincia de Sechura, y el logro del objetivo del Decreto de Urgencia N° 033-2020, así como, el correcto uso y destino de los fondos públicos.

CASTIGO

Al respecto, la legisladora piurana, Angélica Palomino, calificó como un delito dicha acción y exigió una sanción a los once trabajadores que se beneficiaron con las mencionadas canastas.

“Me parece absurdo que lo hayan recibido, porque en Sechura todos se conocen y todos saben dónde trabajan. Es totalmente repudiable que hayan recibido y no solamente que la municipalidad se pudo haber equivocado. Si eres un funcionario no debieron recibirla, porque se supone que era para personas de escasos recursos”, manifestó Palomino.

Agregó que espera la inmediata intervención del alcalde ante la irregularidad encontrada en el reparto de los alimentos. “Muchos alcaldes desconocen lo que hacen sus funcionarios. No solamente estas personas tienen que devolver las canastas, sino que tienen que ser sancionados inmediatamente para acabar con esta viveza criolla”, sentenció Palomino.

Recordemos que en el mes de junio, la Contraloría identificó que 4 mil 312 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, fueron beneficiados con las canastas de víveres.

De estos funcionarios, 370 son de Piura y perciben un sueldo que supera los 1200 soles y, pese a ello, accedieron a este beneficio.

Estas cifras ubican a Piura como la tercera región a nivel nacional con estos casos.

Según la plataforma de Monitor de Control y Transparencia COVID-19, de la Contraloría, en Piura se identificaron 53 funcionarios que recibieron una canasta de alimentos; de los cuales 42 servidores estatales tienen un sueldo entre S/ 3 000 y S/ 5 000, y 11 con un sueldo entre S/ 5 001 y S/ 10 000.

Los funcionarios beneficiados pertenecen a sectores de salud, educación y de la Corte Superior de Justicia de Piura.