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En una posición muy grave se encuentra el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, tras el escándalo de las reuniones clandestinas con altos funcionarios, empresarios y proveedores en una casa de Breña, ello, porque según los abogados penalistas y docentes de la UDEP, Francisco Álvarez y Percy García Cavero habría indicios de la comisión de determinados delitos como colusión desleal, patrocinio ilegal de intereses privados, negociación incompatible y tráfico de influencias que recaerían sobre el mandatario, funcionarios y proveedores.
Del mismo modo, el mensaje de la Nación donde el presidente trató de deslindar sobre las reuniones clandestinas, según especialistas en opinión pública dejó más dudas que certezas, ya que no dio explicaciones claras de dichos encuentros.
ESPECIALISTAS
El último domingo, el programa Cuarto Poder emitió un reportaje donde evidenciaban reuniones del presidente Pedro Castillo con altos funcionarios, empresarios y proveedores en su domicilio provisional en Breña, ello, pese a que la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
Ante esta situación, el abogado penalista y docente de la UDEP, Francisco Álvarez Dávila, enfatizó que existe una reincidencia por parte del jefe de Estado porque pese a las advertencias del órgano de control, continuó realizando los encuentros, vulnerando las normas de transparencia que se le exige por ser el funcionario de mayor rango en el Estado.
Para el especialista, las reuniones en este “palacio paralelo”, ponen en una posición muy grave al mandatario porque se podría hablar de algunos delitos como colusión desleal, un eventual patrocinio ilegal de intereses privados, incluso, de acuerdo a las circunstancias del caso, la Fiscalía también podría considerar un tráfico de influencias, imputados tanto al presidente como a funcionarios y proveedores que hayan participado en estas reuniones.
“El delito colusión impide que los proveedores se reúnan con los funcionarios que tienen a su cargo la contratación estatal y esto obviamente se ha dado cuando hablamos del presidente, porque tiene una capacidad de influencia evidentemente mayor que la del funcionario común y corriente (…) Las circunstancias en que se han dado las reuniones con la Policía alrededor dan cuenta que se trata de una reunión oficial, pero tratada en un ambiente privado, que no se explica el por qué”, detalló Álvarez Dávila.
El abogado agregó que es necesario la intervención de la Fiscalía, ya que ningún órgano del Estado, como la Contraloría o Defensoría del Pueblo, tiene la capacidad de poder indagar la verdad, ante ello, es fundamental que el Ministerio Público disponga los actos útiles como allanamientos, incautación de documentos, detenciones preliminares, entre otros, para poder esclarecer los hechos.
“Si la Fiscalía solamente abre investigación, es como un saludo a la bandera porque evidentemente debería aprovechar el momento para poder incautar toda la información posible y tener un efecto sorpresa”, puntualizó.
Finalmente, el abogado penalista refirió que el presidente solo podría ser investigado una vez culminado su mandato, al igual que altos funcionarios; sin embargo, los civiles que participaron en la reunión con el sobrino del mandatario y proveedores, sí podrían ser investigados desde ya.
Del mismo modo, el abogado penalista Percy García Cavero, coincidió con su colega Francisco Álvarez que es muy grave lo que está pasando alrededor del presidente Pedro Castillo, ya que existe un conjunto de indicios que revelan eventuales delitos como colusión desleal, que tiene una pena de 15 años, negociación incompatible y tráfico de influencias que pueden llegar a una condena superior a los seis años, respectivamente.
“Que haya existido el hallazgo de 20 mil dólares en el baño del exsecretario de Palacio de Gobierno, reuniones paralelas, irregulares notorias en procesos de licitación y una millonaria licitación de más de 200 millones de soles con un consorcio cuya representante se reunió con el mandatario días previos; con mucho menos se ha condenado a penas privativas de la libertad a funcionarios públicos en el país”, acotó.
García cuestionó la lentitud por parte de la Fiscalía, cuyo accionar dijo es llamativo y preocupante porque a la fecha no existe una investigación y mecanismos de allanamiento. “En la casa de Breña se habrá desaparecido cualquier tipo de prueba o elemento que pudiese evidenciar las tratativas y arreglos que se realizaban en ese lugar”.
A su turno, la especialista en Gestión Pública y docente de la UDEP, Juana Huaco García, dijo que es el propio presidente Pedro Castillo quien está ocasionando su vacancia debido a que no muestra un mensaje claro sobre el escándalo de las reuniones clandestinas, evidenciando que el mandatario despacha desde dos posiciones: la oficial en Palacio de Gobierno y el clandestino que realiza en su casa de Breña.
“Es el mismo presidente quien está ocasionando su vacancia, ya que los congresistas que antes estaban en contra, ahora la están pensando. No se transparenta nada y eso es muy peligroso”, sostuvo.
La especialista, señaló que todas las situaciones en las que se ha visto envuelto los cuatro meses del presidente Castillo, continúan generando incertidumbre en los inversionistas, pero sobre todo pone en una situación de mayor vulnerabilidad a los más necesitados del país.
