Piura: Se complica la situación de los policías

La investigación fiscal contra la Policía por contratar a una empresa de Ica para fumigar y desinfectar las dependencias policiales de Piura y Tumbes durante la pandemia del COVID-19, descubrió presuntas evidencias de cómo se favoreció a la contratista, en perjuicio de la entidad del Estado.

INVESTIGACIÓN

Para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura se excluyó del contrato final, aquellas cláusulas que buscaban defender a la Policía del accionar de la empresa contratista de Ica, Inversiones Ecogrune SAC, en caso no cumpliera con el objeto de la contratación del servicio, valorizado en S/ 625,858.

Así lo refiere en su disposición fiscal N° 002-2020 del 7 de setiembre, en la cual declara compleja la investigación y aprueba ocho meses más de indagación por el presunto delito de colusión.

En calidad de presuntos autores son investigados el jefe de la Unidad Administrativa de la I Macro Región Policial de Piura, coronel PNP César Seclén Delgado y los jefes del Departamento de Logística, comandante PNP César Salazar Obregón y el comandante PNP Mario Paz Galindo.

También se incluyó como presuntos autores a los suboficiales Iván Olivares de la Cruz (apoyo en área de Logística) y Richard Ontaneda Neyra (encargado de almacén) y como presunto partícipe al representante de la contratista, el capitán PNP en situación de retiro, Christhian Morales Medina.

De acuerdo a los términos de referencia, que es el documento inicial de la convocatoria del proceso de selección, así como las bases del proceso, se advertía que la empresa debía informar si se suscitaban inconvenientes para prestar el servicio, para calcular la rebaja del monto de contrato.

El contrato del servicio empezó el 9 de abril por un período de 20 días, sin embargo, no fue hasta mayo en que la empresa reportó inconvenientes en el acceso a los locales.

El representante de la empresa, Christhian Morales, dijo que a 3 dependencias de Tumbes y 27 de Piura, no llegaron porque los accesos presentaban tranqueras, ríos crecidos y bloqueos de carretera.

Pese a ello, el 23 de junio se suscribió el contrato en vías de regularización por la emergencia sanitaria y no se consignó dicha exigencia, la cual sí figuraba en los términos de referencia.

"Al no haberse recogido esta cláusula en la proforma del contrato ni en el contrato firmado entre las partes, pese a que, como ya se ha visto, se encontraba recogido tanto en los términos de referencia, así como en las bases que han regido el proceso de contratación, se ha favorecido al contratista… se liberó a la empresa de la obligación legal de informar con la finalidad de “proceder a la rebaja del pago del servicio”, dice la Fiscalía.

A esto se debe sumar que, en su informe, Christian Morales incluyó comisarías en donde no se brindó el servicio. Así lo probarían los reportes de los mismos oficiales a cargo de dichas dependencias (Bellavista, Buenos Aires, El Alto, el puesto de vigilancia de frontera de Lancones y 2 de Tumbes).