La Contraloría detectó tres situaciones adversas, entre ellas la falta del ingeniero residente y supervisor de la obra, cuyo contrato se firmó el 17 de enero del 2020. Se ha pagado casi la totalidad del costo de la obra de agua y alcantarillado y los trabajos llevan apenas el 57% de avance.
La Contraloría detectó tres situaciones adversas, entre ellas la falta del ingeniero residente y supervisor de la obra, cuyo contrato se firmó el 17 de enero del 2020. Se ha pagado casi la totalidad del costo de la obra de agua y alcantarillado y los trabajos llevan apenas el 57% de avance.

La advierte una serie de observaciones en la obra de creación del servicio de agua potable y alcantarillado de los centros poblados Yacila, Cangrejos, La Islilla y La Tortuga en la provincia de Paita, donde se invierte más de 41.5 millones de soles. La obra debió culminar el pasado 21 de enero, pero se encuentra retrasada.

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El informe

El Informe de Control Simultáneo N° 039-2022-OCI/0453-SCC señala que se identificaron tres situaciones adversas en dicha obra, entre ellos el incumplimiento de avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra por el contratista, que afectan su culminación y puesta en funcionamiento en el plazo y la finalidad publica del proyecto, ya que el contrato se firmó el pasado 17 de enero de 2020 con el Consorcio Yacila, integrado por las empresas K6G Contratistas Generales S.A y Mega Inversiones SRL, por un monto de S/ 41′502,454 y un plazo de 300 días.

El documento de Contraloría señala que, al mes de noviembre de 2022, luego que se otorgara ampliaciones de plazo, la entidad pagó la suma de S/ 41′080,201, pese a que el avance físico era de tan solo el 51.17%. No obstante, en el nuevo plazo, los trabajos debieron culminarse el 21 de enero de 2023, pero la obra lleva un avance del 57%, lo que podría generar gastos adicionales a la Municipalidad Provincial de Paita, que es la unidad ejecutora.

La Contraloría también detectó que la ejecución de la obra de los cuatro balnearios se realizó sin la presencia permanente del residente e inspector de obra, situación que pone en riesgo la calidad del proceso constructivo de la ejecución de la obra, perjudicando a las miles de familias que se deberían beneficiar con este proyecto.

Es así que durante la visita de los inspectores a la obra, el pasado 1 de diciembre de 2022, la comisión no encontró al ingeniero residente, informando después que “ese día se estaba reincorporando al trabajo después del periodo por COVID-19″, evidenciando además que esos días de licencia, la obra no tuvo la dirección del residente, sin embargo, en el cuaderno de obra aparecen asientos suscritos por el residente en el periodo que este supuestamente se encontraba de licencia. Además, el cuaderno de incidencias fue alcanzado días después.

Adicionalmente, la entidad contralora advierte que la obra desde el mes de agosto de 2022 se ejecutó sin una consultoría para la supervisión, ya que, mediante Resolución de Gerencia Municipal, de 18 de agosto de ese año, se informó no continuar con la contratación de la consultoría de la supervisión de obra del ingeniero Saul Willie Ramírez Pizan y se designaba al gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Maximiliano Carmen Calderón, como inspector de obra y el 14 de noviembre se deja sin efecto su designación y encargan en adición a sus funciones a Ricardo Balcázar, subgerente de licencias y Autorizaciones Urbanas, según resolución del 30 de noviembre, es decir, 17 días no hubo supervisión.

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