El concejal Ricardo Acuña laboró en la Universidad Nacional de Piura y en la municipalidad de Lancones. Él aseguró a Correo que se someterá a todas las investigaciones.
El concejal Ricardo Acuña laboró en la Universidad Nacional de Piura y en la municipalidad de Lancones. Él aseguró a Correo que se someterá a todas las investigaciones.

A pesar de estar impedido de contratar con el Estado, el regidor de la comuna piurana, Ricardo Acuña Carrasco, habría sido proveedor de la Universidad Nacional de (UNP) y de la Municipalidad Distrital de Lancones.

TAMBIÉN PUEDE LEER: En una requisa en el penal de Piura hallan una lista de 636 extorsionados

Según la información a la que Correo tuvo acceso, Acuña Carrasco fue proveedor de la UNP como locador de servicios para realizar actividades de apoyo administrativo temporal como asesor legal externo en la oficina del despacho rectoral (período de enero a julio de 2023), con una remuneración de S/6,000 mensuales, según la Orden de Servicio 0001932 y número de Expediente SIAF 0000003766 del 16 de marzo de 2023.

También habría sido proveedor para la Municipalidad de Lancones, en un servicio a todo costo para la capacitación y orientación para la creación de asociaciones de personas con discapacidad. Con un pago S/1,800, según el SEACE, de fecha 13 de diciembre de 2023.

Según la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, Acuña estaría impedido de contratar con el Estado durante su período como regidor y hasta 12 meses después de dejar el cargo. También lo impide la Ley Orgánica de municipalidades N°27972.

Al respecto, el regidor Acuña fijó su posición.

“Yo me someto a cualquier investigación sea administrativa, pública de lo que dices que me han contratado para prestar servicio en Lancones, porque soy de las personas que me gusta aclarar las cosas, no le rehúyo a la justicia, a diferencia del señor alcalde, y de varios de sus funcionarios y regidores”, dijo Acuña.

Por su parte, el abogado penalista Arturo Bermeo precisó que el regidor está impedido de contratar bajo cualquier modalidad con el Estado.

“La norma busca evitar el aprovechamiento o influencia política, en este caso de los regidores. Por eso la prohibición se extiende hasta 12 meses de haber culminado su período”, explicó el abogado.

TAGS RELACIONADOS