Dirigente del Colectivo Regional, José Gallo, señala que falta tomar buenas decisiones por parte de las autoridades. (Foto: PNP)
Dirigente del Colectivo Regional, José Gallo, señala que falta tomar buenas decisiones por parte de las autoridades. (Foto: PNP)

Tres piuranos que eran parte de la “primera facción”, de las cinco que integraban la presunta organización criminal “Los taladores ilegales de Tumbes”, fueron intervenidos junto a quince implicados en un megaoperativo realizado de manera simultánea en las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y Lima.

El plan de operaciones “Tempestad en el Norte 2021” se inició ayer a las 3:00 de la madrugada, la misma que obedecía a la resolución N° 1 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y que fue efectuada por detectives de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con el Frente Policial de Tumbes y la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado.

En el caso de Piura, se allanó seis inmuebles y se detuvo a Segundo Alfredo Carreño de la Cruz (61), “Alfredo”, Carlos Alberto Carrillo Quispe (50), “Colorado” y Adán Meza Basilio (39), “Adán”, quienes son sindicados por la Policía como cabecilla, lugarteniente y trabajador de la “primera facción” de la presunta red criminal, respectivamente.

Según las primeras investigaciones, la primera parte se encargaba de blanquear con sellos y documentos oficiales que emitían funcionarios y trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes para la autorización de permisos, guías y actas de verificación forestal adulteradas a fin de comercializar, transportar y evadir los controles de Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre).

La segunda facción se encarga de la tala ilegal de árboles de la especie de algarrobo, que luego eran convertidos en carbón y trasladados desde Tumbes hacia Piura, Chiclayo y finamente a Chaclacayo en Lima, donde se decomisó 30 toneladas de carbón.

“Por esas guías se pagaba 5 mil soles, y al mes se tramitaban cuatro que equivale 20 mil soles que se pagaban a los funcionarios de la DRA de Tumbes, donde se ha incautado CPU para verificar la emisión de las guías”, detalló una fuente cercana a las investigaciones.

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