Promsex asumió la defensa de Camila y logró que quede libre de la persecución en su contra. (Foto: Promsex)
Promsex asumió la defensa de Camila y logró que quede libre de la persecución en su contra. (Foto: Promsex)

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) escuchó el caso de Camila, una niña peruana, quechua, que fue ultrajada por su propio padre desde los nueve años de edad, hasta dejarla embarazada.

Luego, tuvo un aborto espontáneo, a raíz del cual fue víctima de persecución por el Ministerio Público, que la acusaba de haberse provocado el aborto ella misma.

Es la primera vez en la historia del Perú, que un caso de abuso sexual contra una niña peruana es presentado ante la ONU, informó la ONG Centro de promoción de los derechos sexuales y reproductivos (PROMSEX).

También informó que el Estado peruano ya ha sido sancionado en dos ocasiones anteriores en otros comités de la ONU, por haberse negado a brindar información y acceso al aborto terapéutico a dos niñas que lo solicitaron.

El caso

Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía 13 años, su padre abusó sexualmente de ella y quedó embarazada.

Además la niña reveló que su padre la había estado violando durante al menos cuatro años. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor y en mayo de 2019, el mal padre fue sentenciado a cadena perpetua.

“Preocupada por la salud de Camila, su madre solicitó la interrupción voluntaria del embarazo. El aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo”, precisó PROMSEX.

Demoró la respuesta

De acuerdo a las normas peruanas, la respuesta debió llegar en seis días como máximo, pero eso no ocurrió. Inclusive, el hospital condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.

Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales. Este hecho aumentó la presión social sobre Camila, ya que vecinos de su comunidad preguntaban por lo sucedido y realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento. Revictimizándose así, a una menor de edad.

Denunciaron a la niña

Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, la enfermera la denunció por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes.

Promsex asumió la defensa de Camila e inició una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que quede libre de la persecución en su contra.