Mandan a la cárcel a los asesinos del comerciante “Don Pepe” en Juliaca

En audiencia virtual, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Román, declaró fundada el pedido de prisión preventiva de 9 meses, en contra de Franklin Ericsson Cahuapaza Condori y Luigi Ronaldo Choquehuanca Masco, como presuntos coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, en su forma de homicidio calificado, en contra del comerciante Máximo Neyra Mitma.

La decisión fue adoptada por la magistrada Penélope Najar Pineda, ante los graves elementos de convicción sustentados por el representante del Ministerio Público, y dispuso sean inmediatamente internados en un establecimiento penitenciario a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

FRIALDAD. Los imputados son acusados de asesinar cruelmente y descuartizar el cuerpo del comerciante, para luego regarlo en diferentes lugares (principalmente silos y baños) de los distritos de San Miguel y Juliaca, en la provincia de San Román, inclusive hasta la fecha no se halla parte de su cuerpo (caja torácica), que habría sido arrojado el río Torococha.

A ello se suma, que en audiencia se conoció que el imputado Franklin Cahuapaza, era trabajador de confianza del comerciante, quien aprovechó esta amistad para planificar y concretar la muerte de Máximo Neyra.

Recordemos que la mañana del 23 de junio cuando este se aprestaba a abrir su tienda ubicada en el jirón Moquegua de la ciudad de Juliaca, con el apoyo de Luigi Choquehuanca, quien de manera sorpresiva agarró del cuello a la víctima, para luego tenderlo en el suelo, y Franklin Cahuapaza, le habría propinado un golpe en la cabeza con un martillo, lo que le provocó la muerte.

Los imputados habrían intentaron incinerar el cuerpo y al no poder hacerlo, procedieron a descuartizarlo utilizando una sierra.

También a los investigados, se les halló en su poder parte de la mercadería del comerciante, prendas de vestir que le habrían sustraído, así como equipos tecnológicos como cámaras de video vigilancia y otros objetos de valor de propiedad del agraviado.