Ministros llegarán a Puno para resolver contaminación de Llallimayo

Nuevamente, ministros de diferentes sectores se comprometieron a arribar a la región Puno, con el propósito de solucionar el problema de contaminación ambiental que se ha generado en la cuenca Llallimayo, en la zona norte de este departamento.

El compromiso se dio en la reunión desarrollada el último viernes, en la ciudad de Lima, a donde asistieron los ministros del Ambiente, Gabriel Quijandría; de Energía y Minas, Jaime Gálvez; de Desarrollo Agrario y Riego, Mariano Castro, viceministros de diversos sectores, entre otros.

En el acta de acuerdos se anotaron tres puntos. El primero tiene que ver con la constancia de haber informado sobre los avances que cada uno de los sectores tiene para con la cuenca Llallimayo, acciones que están contempladas en el Plan de Acción.

Luego, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, se comprometió a convocar a una reunión presencial en la región Puno, provincia de Melgar, para la tercera semana de 2021 y gestionar la presencia de los ministros conformantes del grupo de trabajo.

Y finalmente, las autoridades locales y dirigentes de la cuenca Llallimayo, se comprometieron a brindar las facilidades para la ejecución de las actividades del Plan de Acción consensuado, así como la continuación del proceso de inventario de fuentes de agua.

Participaron también, el alcalde provincial de Melgar, Esteban Álvarez Ccasa, los burgomaestres de Llalli y Umachiri, los congresistas Orlando Arapa y Yessica Apaza, así como representantes de la sociedad civil de Melgar.

Aunque no se ha precisado la fecha exacta de la próxima reunión, se sabe que será en el mes de enero y en la ciudad de Ayaviri.

Antecedentes

La cuenca Llallimayo está contaminada a consecuencia de trabajos de minería formal, responsabilidad de la empresa Aruntani SAC, lo que perjudica a los pobladores, tanto para consumir agua potable como para actividades agrícolas y ganaderas.

Los pobladores de Melgar denunciaron esta situación hace más de cinco años, sin embargo, los organismos del Estado como OEFA y ANA, poco hicieron para resolver el problema; al contrario, en un principio negaron que la contaminación sea de parte de la cuestionada empresa.

El Gobierno ordenó después el cierre de mina, trabajo que aún no se habría completado, porque la contaminación permanece en las aguas.