Municipalidades contratan a personal inhabilitado por la Contraloría de la República

Casi medio centenar de personas que cumplieron funciones públicas en diversos organismos del Estado están inhabilitados por la Contraloría General de la República, no obstante, algunos persisten en trabajar, aparentemente, bajo la confianza de titulares de pliego o por desconocimiento de estos.

La lista incluye no solamente los nombres de estas personas, sino la gravedad de la infracción, la sanción correspondiente (en todos los casos es inhabilitación), el plazo que va desde uno a cuatro años, el número de cada resolución, la vigencia, la entidad para la cual laboraron y la jurisdicción.

Varios de los trabajadores estuvieron contratados en el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), Municipalidad Provincial de San Román, Municipalidad Distrital de Amantaní, Red Asistencial de Juliaca, Red Asistencial de Puno, Municipalidad Provincial de Azángaro, Municipalidad Provincial de Melgar, Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Yunguyo, Municipalidad Distrital de Usicayos y Municipalidad Provincial de Puno.

Las mayores sanciones se extienden hasta el año 2021, tiempo en el que dichas personas no podrían ejercer cargos en la función pública. 

No obstante, en la Municipalidad Provincial de San Román se hizo caso omiso a las advertencias y resoluciones de la Contraloría General de la República, porque, por ejemplo, el gerente de Asesoría Jurídica, Manuel Ramos Quispe y el subgerente de Contabilidad, Carlos Barreda Ojeda, han laborado como si nada pasara.

En el caso de ambos, su inhabilitación fue levantada en el pasado mes de agosto, según las resoluciones de la Contraloría General de la República.

Para estos y otros funcionarios que laboraron en la Municipalidad Provincial de San Román, el órgano contralor determinó que las faltas cometidas eran muy graves.Se ha difundido la lista para que las municipalidades, gobierno regional y otros organismos gubernamentales eviten contratar a estas personas antes de cerciorarse.