Municipio de Huancané genera botadero ilegal en comunidad campesina

Increíblemente, la Municipalidad Provincial de Huancané viene atentando contra el medio ambiente, puesto que ha generado un botadero ilegal de basura en la comunidad campesina de Taurauta, sobre la carretera Juliaca-San Antonio de Putina.

Los residuos sólidos eran echados de madrugada y en horas de la noche, por lo que los comuneros decidieron formar rondas de vigilancia y descubrir quién estaba contaminando las tierras comunales y el río Maravillas que está muy cerca.

Es así que el pasado fin de semana, un grupo de comuneros retuvo uno de los camiones recolectores de la Municipalidad Provincial de Huancané, el mismo que fue capturado en el momento preciso que dejaba los desechos en la mencionada comunidad.

Las autoridades comunales señalaron que no permitirán que la unidad vehicular pueda movilizarse hasta que el alcalde Arturo Álvarez Mendoza solucione los problemas que ha dejado en Taurauta.

En tal sentido, la autoridad se comprometió, en una reunión con la misma comunidad, a recoger toda la basura que había dejado, además de iniciar el cerco perimétrico de la institución educativa primaria que funciona en esta zona.

Correo pudo saber, por los propios comuneros, que ninguno de los compromisos se cumplió, por lo que se está generando un nuevo conflicto socioambiental. Incluso el Ministerio Público constató la apertura del ilegal botadero, entidad que realizará la investigación correspondiente.

Defensoría del Pueblo

Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo pidió a la municipalidad que, en el plazo más breve, realice el traslado de los residuos sólidos dispuestos indebidamente en los terrenos de la comunidad Taurauta a una infraestructura de disposición final de residuos sólidos que cuente con las autorizaciones correspondientes y, a la vez, se abstenga de realizar acciones similares en otros lugares no autorizados.

“La municipalidad debe emprender acciones para contar con un proyecto de inversión pública para la construcción de un relleno sanitario, ya que la carencia de esta infraestructura y la consecuente disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados pone en riesgo los derechos a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, más aún en contexto de crisis sanitaria por COVID-19”, sostuvo Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno.