Gobernador Agustín Luque también está en la mira. (Foto: Difusión)
Gobernador Agustín Luque también está en la mira. (Foto: Difusión)

La auditoría realizada por la a la licitación del (Correo 23/10/21) reveló que 40 exfuncionarios y actuales trabajadores del están involucrados en una serie de irregularidades, que irían a desencadenar investigaciones en lo civil, penal y administrativo.

El informe señala que siete personas deben de responder por responsabilidad penal, entre ellos, Virginia Puma Yucra, Yesenia Katherine Jimenez Peralta, Augusto Pachauri Gonza, Josue Milton Quispe Gutierrez, Carlos José Beltrán Pérez, Armando Enrique Tapia Calderón y Narda Yolanda Castillo Castillo.

En cuanto a responsabilidad civil, el documento de Contraloría menciona a los siguientes:  Julio Pedro Gomez Sanchez Ajalla, Arnaldo Yana Torres, Jimmy Niño de Guzmán Hinojosa y Carlos Beltrán Pérez que también serían responsables penalmente.

El resto de implicados tendría responsabilidad administrativa y son: Waldemar Mamani Morales, Florencio Cartagena Alvarez, Brisaida Silva Fur, Elvis Condori Ardiles, Jaime Quisocala Supo, Julio César Vilca Condori, Ronal Morales Acero, Elisa Galata Mamani Mayta, Walter Zea Mallea,  Jhon Martinez Molina, Mario Elisban Coila Mamani, Lucio Arpi Inofuente, Abrahan Agapito Mamani Casa, Heflin Bejar Uruchi.

Además están involucrados: Hilda Quispe Illacutipa, José Félix Barrantes Callata, Jhon Cari Clavijo, Wily Gomez Apaza, Juana Cañapataña Larico, Adela García Camacho, Maria Luz Mansilla Castillo, Santiago Mamani Mamani, Jaime Medina Leiva, Juan Carlos Blanco Mendoza, Abrahan Arizapana Paredes, Dante Coasaca Núñez, Handro Layo Fernandez Huaracallo, Lucas Condori Huanca, Juan Luque Mamani (exgobernador) y el actual gobernador regional Agustín Luque Chayña.

Cabe recordar, que el perjuicio económico para el Estado es de  S/ 164 mil 369 por el pago de CTS a personal contratado, a pesar de ser un beneficio solo para personal nombrado. La Contraloría señaló que corresponde al Gobierno Regional Puno y a la Procuraduría Pública iniciar las acciones legales pertinentes.