Pobladores han decidido dejar de abastecerse del agua de pozos para preparar sus alimentos. (Foto: Difusión)
Pobladores han decidido dejar de abastecerse del agua de pozos para preparar sus alimentos. (Foto: Difusión)

En el nuevo año, el Gobierno central prorrogó el Estado de Emergencia por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano, en los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del departamento de Puno.

El Decreto Supremo Nº 208-2020-PCM fue publicado ayer 1 de enero y ordena ejecutar acciones para remediar la crítica situación en la que se encuentra la referida cuenca y los pobladores que viven en dicho ambiente.

“Prorrogar el Estado de Emergencia por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano, declarado mediante el Decreto Supremo Nº 123- 2019-PCM, prorrogado por el Decreto Supremo Nº 153- 2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 175-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 204-2019-PCM, el Decreto Supremo Nº 037-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 081-2020- PCM, el Decreto Supremo Nº 121-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 147-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº 175- 2020-PCM, en los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del departamento de Puno, por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 2 de enero de 2021, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción,inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente”, reza el artículo primero de la norma.

Es la décima vez que se declara este Estado de Emergencia en los referidos distritos, a donde se  debe distribuir agua en camiones cisterna, a fin de que se reduzca la contaminación en los pobladores.

Según la Defensoría del Pueblo, el conflicto de la cuenca Coata es uno de los 14 problemas que se encuentran pendientes de solución en el altiplano peruano.

Como se recordará, durante el año 2020, los pobladores acataron paralizaciones en busca de ser escuchados, puesto que el mismo Estado había negado la existencia de contaminación en estos pueblos.