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Siguen las irregularidades referidas a pagos especiales que se dieron a trabajadores del sector salud en el marco de la emergencia sanitaria que se declaró por el Gobierno central, para contener las consecuencias de la covid-19.
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Un último informe de la Contraloría General de la República fechado el 23 de marzo del año en curso revela que se hizo una entrega económica a favor del personal de la salud nombrado inmerso en el Decreto Legislativo N° 1153 y personal administrativo nombrado del Decreto Legislativo N° 276, generó perjuicio económico al Estado de S/1 740 566,27. Es decir, el perjuicio económico para el estado supera el millón de soles, puesto que se habrían pagado bonificaciones que no correspondían.
El informe de control posterior encontró responsabilidades administrativas y penales en este caso, en el personal que labora en Hospital Carlos Monge Medrano, y, personal administrativo nombrado de la Red de Salud San Román, en la región Puno.
Según el mismo informe, los implicados serían Indalecio Huaranca Quino, Ricardo Arizaca Condori, Efraín Fredy Valencia Layme, Eulogio Ramiro Torres Quispe, Juan Coila Espinoza, Hernán Macedo Sucapuca, Richard Miflin Sanga Yampasi, Yolanda Apaza Zela, Juan Vilca Callata y Elmo Jaime Valero Canales.
El órgano contralor afirma que todos ellos tienen responsabilidades administrativas y penales, por lo que el informe no solo fue elevado a la dirección del nosocomio, sino también a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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En otra intervención al mismo hospital, la Contraloría hizo trabajos para determinar si el proceso de contratación de la Adjudicación Simplifcada N° 016-2021-GRP/RSSR-1, convocado para la adquisición de reactivos de bioquímica con equipo en cesión de uso para el Hospital Carlos Monge Medrano, se encuentra de conformidad con la normativa legal vigente.
Resulta que se presentaron irregularidades en los actos preparatorios y procedimiento de selección de la Adjudicación Simplifcada N° 016-2021-GRP/ RSSR-1, considerando, sin corresponder, condición de pago adelantado con la presentación de una carta de compromiso, generando una afectación a la protección del interés contractual de la entidad.
Asimismo, en el otorgamiento de conformidad a favor de postor no se condice con la verdad, toda vez que los reactivos fueron recibido después de cumplido el pazo contractual y los equipos no cumplen con las especificaciones técnicas, generando un perjuicio económico al estado de S/ 12 788,40.En este caso, cuatro trabajadores de la entidad se encuentran bajo la lupa de la Contraloría General de la República, quienes tienen responsabilidad penal y administrativa.
