Un representante de la minera Bear Creek señaló a medios de comunicación de alcance nacional que a principios del próximo año se emitirá el fallo sobre el proceso arbitral que la empresa sostiene contra el Estado Peruano por la suma de mil 769 millones de soles (522.2 millones de dólares), tal como figura en la demanda presentada.
La empresa informó que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) culminó oficialmente todas las actas correspondientes al arbitraje internacional y emitirá un fallo final en los próximos 120 días.
Dicho monto, según la demanda de la empresa corresponde a una suerte de reparación civil por los daños ocasionados a la empresa por el denominado “Aimarazo”. Específicamente, de los 522.2 millones de dólares que la compañía pretende arrancar del Estado peruano, 296 corresponden a “pérdidas”, de Santa Ana y 225 a “pérdidas” de Corani. Esto, porque según sostiene la empresa, en su demanda ante el (CIADI), el mencionado movimiento social también afectó sus intereses en la mina Corani.
Tal como lo explicó el coordinador de organización Derechos Humanos y Medio Ambiente Willian Lauracio Apaza, en la demanda la empresa argumenta que el estado peruano canceló el proyecto arbitrariamente causando el perjuicio en contra de la empresa. Uno de los aspectos que se discute es que para que una empresa extranjera adquiera un derecho a explotación en territorio peruano cercano a la frontera debió obtener un decreto supremo antes o después de que se iniciaran los trámites para la obtención del permiso para iniciar tareas de exploración en la mina Santa Ana.
Un punto que también es clave en el proceso son los negocios entre la señora Villavicencio quien a titulo personal inició los trámites para obtener la concesión. Para los defensores de la empresa esto es completamente legal.