Por: Feliciano Gutiérrez

Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Juliaca, mediante la Resolución Nro 37-2025, sentenciaron a 35 años de pena privativa de libertad efectiva en contra del expolicía, Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco, quien fue procesado por el delito de disturbio agravado y sustracción de armas de fuego, ocurrido el 9 de enero del 2023 en la ciudad de Juliaca.

En esa fecha, en la ciudad de Juliaca se vivió un fatídico hecho cuando en medio de la protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, 17 civiles fueron asesinados, además de decenas de heridos con proyectil de arma de fuego. También ocurrió la horrenda muerte de un policía y otro uniformado herido.

La sentencia está referida respecto a la muerte del suboficial PNP José Luis Soncco Quispe, quien junto a su compañero Ronald Villasante Toque, fueron atacados con objetos contundentes por una turba de presuntos manifestantes. El 10 de enero, el cuerpo inerte del policía Soncco Quispe, junto a un patrullero, fue hallado carbonizado en la urbanización Tambopata.

El 23 de marzo del 2023, las autoridades realizaron la diligencia de allanamiento, descerraje, registro domiciliario, incautación de bienes, registro personal, en el domicilio ubicado en el jirón María Elena, donde encontraron a Erusbel Jhonatan Apaza y la mujer de nombre Yesenia Marilu M.V.

En la habitación del investigado hallaron partes de una pistola pietro beretta (tubo cañón, corredora y otros), que era de uno de los policías del Escuadrón de Emergencia que fue atacado el 9 de enero. Asimismo, en el inmueble encontraron una cacerina para fusil AKM y 23 mil 800 dólares. Según las autoridades, las armas fueron sustraídas al suboficial Soncco y Villasante.

Pese a que la defensa del imputado pidió la absolución de Apaza Uturunco al considerar que era inocente, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado: Víctor Alberto Paredes Mestas (Director de Debate), Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata, por unanimidad, sentenciaron a 35 años de pena privativa libertad, además del pago de reparación civil.

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