Instalarán mesa de diálogo para reubicar penal de Pocollay

En rechazo a una posible ampliación del penal San Antonio de Pocollay; vecinos de un total de 25 asociaciones de vivienda de esta jurisdicción realizaron ayer una movilización por las calles y posterior plantón en el frontis de la Municipalidad de Pocollay.

Con pancartas en mano, exigieron al alcalde Leopoldo Loli Vargas fijar una posición firme sobre esta intensión del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a través del Ministerio de Justicia.

Es así que ante las arengas propaladas por los vecinos en el lugar, el burgoamestre fue obligado a dar la cara para esclarecer este asunto que se agudizó luego que el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén Olaya, asegurara tener el apoyo de la autoridad edil para iniciar con los trabajos de ampliación y/o remodelamiento del establecimiento penitenciario.

Resguardado por un contingente policial y agentes de seguridad ciudadana, Loli Vargas negó una vez más que haya dado su compromiso para la realización de algún tipo de trabajo ya sea dentro o fuera del penal, asegurando que no existe ningun documento que confirme lo expresado por el ministro.

“Hemos ratificado la Ordenanza Municipal 005-2009 porque al igual que ustedes no queremos que este penal continúe aqui. Si estan haciendo mejoras tengo entendido que es solo en un espacio de 120 mt2 con material de drywall”, dijo.

Esta versión fue ratificada posteriormente por el director del centro penitenciario, Gregorio Tacuri, quien precisó que el único trabajo que han realizado es mejorar los ambientes de la oficina de antecedentes y reos libres.

ACTA. Ante la exigencia de los pobladores, el alcalde Loli Vargas sostuvo una reunión por más de una hora con los dirigentes del lugar para elaborar un acta donde se precise todo lo actuado en esta jornada de lucha.

En dicho documento se consignó todo lo manifestado por el alcalde, en relación a que es inviable e improcedente el otorgamiento de la licencia de edificación de cualquier obra y bajo cualquier modalidad en el centro penitenciario.

Asimismo se precisa los procedimientos que realizó la comuna en relación a la pretendida obra de ampliación.

En este aspecto, el asesor legal de la comuna, Fernando Zegarra, señaló que el 16 de abril detectaron un inicio de labores de una presunta ampliación del local; ante elllo a través de la oficina de Catastro impusieron una papeleta de infracción municipal por realizar trabajos de edificación sin contar con la respectiva licencia y/o autorización.

Además dispusieron la paralización de la obra; sin embargo hicieron caso omiso y continuaron realizando dicha labor. Por ello el 20 de abril volvieron a aplicarle una nueva notificación; sin embargo el desacato continuó ante ello se notificó por tercera vez el 27 de abril y se levantó un acta de constación policial para las acciones legales correspondientes.

“Desde que nos enteramos que estaban trabajando irregularmente se determinó la no autorización de trabajos en el penal, dado que según el plan de desarrollo urbano dicha acción no procede además que el terreno es incompatible para cualquier obra de ese tipo”, expresó el funcionario.

En otro momento, indicó que el director del penal recién el 24 de abril presentó una solicitud de autorización de edificación, la cual fue respondida mediante oficio el 27 de abril precisando que no es factible el otorgamiento de ninguna licencia dado que el terreno tiene zonificación de “otros usos” de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano para el periodo 2012-2016 aprobado mediante O.M. N° 005-2009-MDP-T, por ende es incompatible.

Además en el acta se consignó que a fin de dar solución a esta problemática regional, el alcalde Leopoldo Loli hará las gestiones correspondientes ante el gobernador regional Omar Jimenez para la instalación de una mesa de diálogo de alcance regional con la participación del Ministerio de Justicia, Inpe, Gobierno Regional, Poder Judicial, Ministerio Público, Municipalidad Provincial de Tacna, municipalidades distritales, Defensoría del Pueblo, colegios profesionales y representantes de la sociedad civil.

Asimismo se esclarece que no existe ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia para el otorgamiento de la licencia que permita la ampliación del establecimiento. El municipio será solo un puente de diálogo con todas las instancias regionales y actores nacionales. El plazo máximo para este proceso es de cinco días hábiles.

Teniendo en cuenta estas premisas, el documento fue firmado por el alcalde Leopoldo Loli Vargas, los presidentes de las diferentes asociaciones que participaron de la jornada, así como los representantes de la sociedad civil.

EXIGEN. Una de las pobladoras del distrito que promovió esta autoconvocatoria, fue la exregidora Elena Pomache León, quien manifestó que esperan la pronta reubicación del penal de Pocollay dado que esta problemática se viene arrastrando desde hace más de cinco años.

En tanto, el presidente de la asociación de vivienda Las Colmenas, Francisco Maquera, dijo esperar que las autoridades regionales así como municipales asuman con responsabilidad este pedido pues la inseguridad ciudadana involucra a toda la región.

HISTORIA EN CIFRAS

- En 1985 fue inaugurado el penal de varones San Antonio de Pocollay por el Instituto Nacional Peniten-ciario (INPE) para albergar, en ese entonces, a 45 reos.

- Un promedio de 100 nuevos reos fueron internados durante el presente año al penal de Pocollay por haber cometido diversos delitos en la ciudad de Tacna.

- Según el director del penal, Gregorio Tacuri,actualmente se encuentran al interior del centro penitenciario un total de 806 presos, cuando su capacidad es para 180 reos; es decir tiene un hacinamiento de más de 400%.