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La Contraloría General de la República detectó que la administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo (DPAI) en el 2020 contrató a dos parientes de primer grado de afinidad y consanguinidad, del funcionario encargado de logística. Además, se habría utilizado documentos falsos para beneficiar a sus familiares quienes se encontraban impedidas de contratar con el Estado.
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Por estos hechos se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en el administrador Noe Viza Chura y encargado de logística Clodoaldo Alberto Jiménez Caipa.
Habrían usado documentos falsos
El Informe N° 011-2022 evidenció que en abril y mayo de 2020, la entidad contrató en tres oportunidades a dos proveedoras para la desinfección del desembarcadero, por 12,780 soles, pese a ser hija (Kizzy Jiménez Linares) y cónyuge (Olga Linares) del operador logístico.
Asimismo se revisó los expedientes de contratación y las proformas de otros proveedores que supuestamente participaron en el proceso. Todos los proveedores tenían sumas más altas que las proformas aceptadas. Los representantes de dichas empresas, negaron haber sido invitados a cotizar para la desinfección y señalaron que sus firmas y sellos habrían sido falsificados.
Responsabilidad alcanza al administrador
Por estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en el operador logístico, Clodoaldo Alberto Jiménez Caipa, pues empleó propuestas técnicas y económicas con elementos de falsedad, para favorecer a dos proveedoras con quienes tiene vínculo de consanguinidad y afinidad. También se halló presunta responsabilidad administrativa en el Administrador del DPAI, Noe Viza Chura.
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El Informe de Control Específico fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Moquegua Zenón Cuevas Pare, para que disponga el inicio de las sanciones administrativas y también se remitió a la Procuraduría Anticorrupción, para el inicio de las acciones legales por presuntos actos de corrupción.
