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Dos personas intervenidas, la incautación de documentos y la retención de un cheque que corresponde al pago de la primera valorización de la obra del “mejoramiento de la infraestructura educativa del colegio Julio Olivera Paredes”, es el resultado de un allanamiento hecho por el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción en la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes y otras oficinas.
INTERVENCIÓN
Fuentes de Diario Correo informaron que la denuncia fue interpuesta el miércoles por parte de los propietarios de las empresas Operaciones y Construcciones Civiles S.A. (Opeconci) y Samara Ayset E.I.R.L., Juan José Serna Herrera y Ronald David Popuche García, respectivamente.Ellos presentaron un audio que es materia de investigación, donde presuntamente se da a entender una coacción para evitar la recesión del contrato en la obra en mención, y con ello continuar trabajando con la entidad.
Esto motivó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, al igual que la Policía realicen una primera intervención la tarde del miércoles en las instalaciones del banco Continental de la ciudad de Tumbes, donde fueron intervenidos el inspector de dicha obra, José Seclén García y otra persona identificada como Alcides Arturo Arámbulo Valladares.
Según informan, en dicho momento se pretendía hacer el cobro de un cheque girado por el Gobierno Regional de Tumbes al Consorcio Educativo, por un monto de 490 mil soles por concepto de la primera valorización de la obra en ejecución, la cual justamente fue girado a nombre de Arámbulo Valladares por ser el representante legal del consorcio constructor.
Ambas personas fueron liberadas tras rendir su declaración el mismo día.
Las diligiencias continuaron ayer por la mañana, donde el equipo de fiscales intervino en la subgerencia de Obras, la misma gerencia de Infraestructura, así como en Tesorería y otras áreas contables más para recabar la documentación que servirá para la investigación en proceso, la cual a la vez es calificada como reservada.
Además, el equipo fiscal hizo también una inspección a la obra que se ejecuta en el colegio Julio César Olivera Paredes en el barrio Las Mercedes, la misma que se encuentra suspendida desde fines de octubre de este año.
LEGAL
Sobre esta intervención se le hizo las consultas al titular regional de Infraestructura, Wilmer Córdova López, quien atinó a decir que por parte del Gobierno Regional de Tumbes no se ha incurrido en irregularidad en el pago, sino que se trataría de un lio entre contratistas.Dijo que existiría una pugna interna entre los miembros del consorcio y que ellos habrían cambiado de operador tributario sin informar a la entidad regional.
Sobre este punto, hay dos documentos claves; el primero que consiste en el contrato notarial de nombramiento conjunto y ampliación de facultades de representante en común del Consorcio Educativo.
Y el segundo que es una clausula adicional al contrato de ejecución de la obra N° 005-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, donde se detalla el cambio de representante común del Consorcio Educativo.
CONTRATO
En este documento se detalla que este consorcio fue conformado el 6 de marzo de este año para ejecutar el saldo de obra en el colegio Julio Olivera y además los propietarios de cada empresa integrante del Consorcio Educativo designa a sus representantes, Wilmer Coronel Fernández y Alcides Arturo Arámbulo Valladares, los mismos que según el contrato notarial no podrán ser revocados de sus facultades ni cargos bajo ningún termino. Es decir, ellos tenían las facultades de completar para dirigir cualquier acto administrativo, legal y ejecutor en la obra en mención.Este documento, lleva la firma tanto de Ronald Popuche y Juan José Serna.
CAMBIO
El otro documento es emitido por la Gerencia de Infraestructura, donde el Consorcio Educativo designa como representante legal común a Alcides Arámbulo Valladares y además presentan como operador tributario con código de cuenta interbancaria del banco Continental N° 011-265-000100044120-62, con la finalidad que los pagos de las valorizaciones se efectuen allí.Este documento lleva la firma del gerente de Infraestructura, Wilmer Córdova y del representante del consorcio.
Pero, según informan, hubo un cambio intempestivo del operador tributario luego que se efectuó el pago, sin que este haya sido informado a la entidad regional.