Mediante el control posterior también identificó 149 funcionarios  y servidores públicos que son presuntamente responsables.
Mediante el control posterior también identificó 149 funcionarios y servidores públicos que son presuntamente responsables.

Durante el año 2021, la detectó un perjuicio económico que sería de S/ 4.9 millones en la región Tumbes, como resultado de la ejecución de servicios de control posterior que revelaron hechos de inconducta funcional y uso inadecuado de los recursos del Estado por parte de alrededor de 149 funcionarios y servidores públicos.

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Este resultado fue a consecuencia de los 23 informes de servicios de control específico y auditorías de cumplimiento ejecutados, que determinaron un total de 149 funcionarios y servidores públicos que tendrían presunta responsabilidad penal, civil y administrativa. Además, como parte del control posterior, también se elaboraron 92 acciones de oficio posterior y 12 auditorías financieras.

Más de 300 informes

La Contraloría que su labor en la región también se vio reflejada en los 351 informes de control simultáneo emitidos que alertaron a las entidades públicas para que puedan subsanar observaciones que ponen en riesgo el correcto uso de los recursos públicos en la ejecución de obras, servicios o adquisiciones.

Entre los principales servicios de control posterior realizados durante el año pasado destacan los informes de control específico N° 29206-2021-CG/GRTB-SCE y 008-2021-2-6010, que identificaron un perjuicio de S/ 1 575 964.80 en la Dirección Regional de Salud de Tumbes y el Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría JAMO II-2 por otorgar manera irregular la bonificación extraordinaria por COVID-19.

Asimismo el informe de control específico N° 17403-2021-CG/GRTB-SCE que evidenció un perjuicio de S/ 533 778.66 por entregar irregularmente canastas navideñas al personal del régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y locadores de servicio.

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Además del informe de control específico N° 12473-2021-CG/GRTB-SCE detectó presuntas responsabilidades penales por transferencias financieras a terceros sin documentación sustentatoria, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Ambos servicios de control fueron desarrollados en el Gobierno Regional de Tumbes.