Modifican el plazo para la elaboración del expediente técnico de protección de la ribera del río Tumbes en Pampa Grande, La Tuna y Palmar I.
Modifican el plazo para la elaboración del expediente técnico de protección de la ribera del río Tumbes en Pampa Grande, La Tuna y Palmar I.

La Contraloría General de la República detectó que el Gobierno Regional de Tumbes modificó el plazo para la elaboración del expediente técnico del proyecto de protección de la ribera del río Tumbes en los sectores de Pampa Grande, La Tuna y Palmar I; de 30 a 216 días calendario, sin tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y sin presentar documentos de sustentación.

VER MÁS: Tumbes: Internistas exigen ser vacunados contra COVID-19

Según el Informe de Hito de Control N° 10091-2021-CG/GRTB-SCC, la entidad y el contratista suscribieron, el 3 de diciembre del 2019, un contrato por S/ 13 566 766 (S/ 225 230 para la elaboración del expediente técnico y S/ 13 341 536 para la ejecución de la obra), en el que se establecía que el plazo para la elaboración del expediente era de 30 días calendario.

Sin embargo, el 2 de marzo del año 2020, días después de vencido el plazo establecido, el contratista solicitó una ampliación de 30 días calendario y el 4 de agosto del 2020 el Gobierno Regional de Tumbes realizó una modificación convencional al contrato y cambió el plazo establecido de 30 a 216 días calendario.

Está modificación del plazo se realizó sin presentar documentación que sustente las paralizaciones en que se fundamentaba y sin cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en la normativa aplicable, lo que retrasó la aprobación del expediente técnico e imposibilita la aplicación de cláusulas contractuales, aumentando el riesgo de afectar la finalidad de la obra.

El equipo de control también evidenció que la entidad contrató a dos empresas para la revisión de este expediente técnico y que ambas han emitido informes de conformidad a la elaboración del mismo, lo que genera el riesgo de duplicidad de pago de servicios, afectando el uso eficiente de los recursos públicos.