El Ministerio Público inicia investigación contra el gobernador y sus funcionarios
El Ministerio Público inicia investigación contra el gobernador y sus funcionarios

Una vez más el gobernador regional y sus funcionarios se encuentran en el ojo de la tormenta. Esta vez la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en  inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública en modalidad de peculado.

El motivo de la disposición fiscal está sustentado en que en diciembre del año pasado se utilizaron vehículos del Gobierno Regional de Tumbes (GRT) para actividades navideñas aparentemente independientes, en las que participó Ricardo Flores Dioses. Dichos eventos fueron realizados en dos caseríos del distrito de San Juan de la Virgen.

HECHOS. La intervención de la Fiscalía nace a raíz del oficio N°018-2018-DP/OD-TUMBES, de la Defensoría del Pueblo, recibido el lunes 12 de marzo. En el documento se informa sobre las presuntas irregularidades detectadas en el uso indebido de los bienes del Estado.

De acuerdo a la intervención del personal de la oficina Defensorial de Tumbes, el 16 de diciembre del año pasado se tomó conocimiento que algunas camionetas del GRT estaban siendo utilizadas para el traslado de panetones y juguetes, los cuales fueron distribuidos en los caseríos de Cerro Blanco y Garbanzal, pertenecientes al distrito de San Juan de la Virgen.

En vista de ello, se le informó al contralor regional de Tumbes y al jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) del GRT, quienes aseguraron que ya estaban recopilando la información del caso y se acordó efectuar una visita conjunta para entrevistar a las autoridades competentes, a fin de esclarecer los hechos.

ACCIÓN. En compañía del auditor de la Contraloría Regional de Tumbes, Giomar Galán Boulangger, el personal de la Defensoría del Pueblo se constituyó en la comisaría de San Juan de la Virgen, entrevistándose con el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Rosillo Romero, comandante de guardia, quien facilitó el libro de ocurrencias de la sede policial.

Es en ese momento en que se verificó que el 16 de diciembre del 2017, al promediar las 3:30 de la tarde, el suboficinal de segunda de la PNP, Martín Valladolid Cienfuegos, tomó conocimiento de la presencia del gobernador Ricardo Flores Dioses en la zona antes mencionada.

Asimismo, el comisario de San Juan de la Virgen comentó que habiendo estado al tanto de la presencia del gobernador junto con una comitiva de la entidad regional, acudió a su encuentro para brindar las garantías policiales en un evento navideño.

De la misma manera, el comandante de guardia manifestó que estos hechos fueron comunicados al jefe de la Región Policial de Tumbes, mediante la nota informativa N°419-2017-I-MACREG/REGPOL-TUM/T/CPNP-SJV.

irregularidad. Las declaraciones del gerente de planeamento, presupuesto y acondicionamiento territorial del GRT, Wilmer Benites Porras, así como las del exadminitrador regional, Pedro Mejía Reyes, comprometen al gobernador.

La Defensoría del Pueblo se entrevistó con el funcionario Wilmer Benites, quien detalló que en las actividades programadas por la sede no se había previsto la compra de panetones y/o distribución de regalos. Sobre el hecho investigado mencionó que le habían indicado que el Comité de Damas del GRT solicitó apoyo para la distribución de los panetones.

No obstante, el 28 de diciembre del año pasado, el entonces administrador regional Pedro Mejía, declaró que en su condición de jefe de la oficina de administración y jefe inmediato de la Unidad de Equipo Mecánico y Transportes, en ningún momento autorizó el uso de vehículos de la entidad regional para la entrega de juguetes y panetones.

Sobre lo ocurrido en los caseríos Cerro Blanco y Garbanzal, comentó que se desarrollaría una indagación para determinar quién emitió la orden para el uso de los bienes del Estado, teniendo en consideración que la gerencia general ha autorizado ciertas actividades sin conocimiento de su despacho.

citados. Por lo pronto, desde mañana el gerente de presupuesto y el exadministrador del GRT tendrán que acudir a la Fiscalía para rendir su testimonio, mientras que el jueves han sido citados el suboficinal Luis Rosillo Romero y el auditor de la Contraloría, Giomar Galán Boulangger.

De lograr comprobar la existencia de un delito, el fiscal Alexánder Pérez López, quien está a cargo del caso, deberá formular la acusación correspondiente en contra de los que resulten involucrados.

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