Exfuncionarios públicos y un exalcalde en la clandestinidad

El estar envueltos en casos de corrupción ha conllevado a que varios exservidores públicos de Tumbes y hasta un exalcalde, se encuentren en estos momentos en calidad de prófugos de la justicia.

Estas personas burlan la ley desde hace varios meses, incluso años, sin lograr ser detenidas pese a los continuos operativos de requisitoria que realiza la Policía.

En algunos casos poseen orden de captura por tener prisión preventiva y en otros por poseer en su contra una sentencia condenatoria.

Un desfalco económico por más de 250 mil soles, un contubernio entre una contratista y el gobierno regional, así como el incumplimiento de una obra, son los principales casos de corrupción detectados en las entidades públicas del departamento de Tumbes.

APROPIACIÓN

Por tal motivo, el representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de Tumbes, Jhonatan Elber Rivas Céspedes, inició las investigaciones detectando que varios funcionarios del sector Educación estaban involucrados en dicho perjuicio económico al Estado peruano.

Por ende, el fiscal solicitó 18 meses de prisión preventiva pero el magistrado Jaime Igor Elías Lequernaqué, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso la orden preventiva por 10 meses para Jhony Heraldo Lindao Feria, Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Wilfredo Chávez Criollo y Rosa Ysabel Arica Saavedra.

Los imputados presuntamente habrían incurrido en el delito de peculado agravado en contra del Estado peruano; sin embargo, su situación judicial se agrava porque se encuentran prófugos.

El juez ordenó de manera inmediata la pronta ubicación y captura a nivel nacional. Sin embargo, ninguno de los exfuncionarios antes mencionados se encuentran en la lista del Programa de Recompensas emitido por el Ministerio del Interior (Mininter), impidiendo así que la población ayude con la intervención.

Cabe precisar que dichos servicios fantasmas tuvo origen en las áreas de Presupuesto, Abastecimiento y Administración del sector Educación, como también, oficinas de la cadena presupuestal.

En cuanto se refiere al exadministrador de la Dret, también entró a la investigación fiscal porque su principal función era velar por el cuidado de los recursos.

En tanto, para la trabajadora Eliana María Crespo Romero, -quien tenía acceso a los sistemas Siaf y Siga- el magistrado dictó comparecencia con restricciones.

LA JUGADA

Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones declaró improcedente dicho recurso, regresando a tener los 10 meses de prisión preventiva que pesa en su contra; estando actualmente como no habido para las autoridades policiales y judiciales.

ARREGLO

Cabe recordar que el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes ordenó de forma inmediata la ubicación, captura e internamiento al penal de Puerto Pizarro debido a que no se presentó en la lectura del fallo.

Pero, la defensa técnica apeló en la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes, quien revocó la condena de cuatro a tres años emitiendo orden de captura a nivel nacional.

Dicha orden judicial alcanza también para quien fue gerente de Desarrollo Urbano, César Alberto Dios Castillo que cumplirá el mismo tiempo de prisión efectiva, incluyendo, la inhabilitación por un año.

Ambos exfuncionarios públicos tienen una requisitoria por el delito antes mencionado y, además, cabe resaltar que deben cumplir con la reparación civil de S/ 100,000 a favor del Estado.

El exburgomaestre Cornejo Feijoó fue procesado por las irregularidades detectadas en la obra “Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable en las localidades de San Jacinto, Plateros, Santa Rosa, La Peña y Pechichal, del distrito de San Jacinto”. Esta obra estaba valorizada en S/ 7’969,120.60, y tenía un tiempo de ejecución de 210 días calendarios.

Por el lado del Ministerio Público, se detectó que se realizaron dos ampliaciones de plazo cuando éstas no correspondían porque se habrían efectuado justo después de haber culminado el contrato; además, el retraso de la obra estaba bajo la responsabilidad de la empresa Cover Contratistas Generales, cuyo representante legal es Teodolinda Flor Cornejo Canales.

Pero se gestó una conciliación favorable con la empresa; el exalcalde amplió el plazo sin aplicar las penalidades, con la finalidad de favorecer al ejecutor.

En ese sentido, el exalcalde no realizó ninguna observación pese a las irregularidades detectadas.

Los técnicos de exoperadora del servicios de agua, Atusa, advirtieron trabajos mal ejecutados y faltantes; en vista de ello decidieron no recepcionar la obra pese a que la entidad ya la había liquidado.