Recuperan 17 inmuebles apropiados ilícitamente
Recuperan 17 inmuebles apropiados ilícitamente

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio recuperó en Tumbes diecisiete inmuebles que fueron apropiados de manera ilícita por la red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo. Además no se descarta que para este cometido haya contado con la ayuda del prófugo expresidente regional Gerardo Viñas Dioses.

cazaderos. Las diecisiete propiedades rescatadas se encuentran en las 24 mil 470 hectáreas de la Hacienda Cazaderos, situada en el caserío de Capitan Hoyle, distrito de San Jacinto. Estas áreas están protegidas por el Sernanp y comprenden gran parte del Parque Nacional Cerros de Amotape.

Entre las propiedades recuperadas se encuentran tres establecimientos de Salud, tres puestos de la Policía, cinco centro poblados y hasta un hito de frontera.

Como se sabe, Rodolfo Orellana adquirió de manera irregular y a precios irrisorios las más de 24 mil hectáreas que pertenecen incluso a áreas protegidas. Su red criminal dedicada al delito de lavado de activos pagó 200 mil dólares por 24 mil 470 hectáreas; es decir por cada hectárea pagó sólo 8 dólares. Cuando el valor real de las tierras supera los 40 millones de soles.

Curiosamente la red Orellana también pagó a la municipalidad de San Jacinto los arbitrios para adquirir fraudulentamente dichas áreas, esto con la venia de la gestión del desaparecido Viñas Dioses.

A la par, el alcalde José Luis Cornejo Feijoó quien gobierna ya cuatro periodos en el distrito de San Jacinto tampoco puso a la luz dicha venta ocurrida en su propia jurisdicción.

Los bienes recuperados por la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos en los próximos días serán puestos a disposición de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).

CARTAS FIANZAS. Para afianzar aún más el vinculo entre Orellana y Viñas Dioses, se conoció que el Gobierno Regional de Tumbes presidido por Viñas Dioses y sus millonarias obras aceptaron cartas fianzas falsas no aceptadas por la Superintendencia de Banca y Seguro. (SBS).

Asimismo, en un reciente informe de Contraloría se corroboró que mediante la corporativa Coopem, Orellana pretendía cobrar millonarias obras.