El informe señala que existe indicios de irregularidad en el proceso de selección para la suplencia temporal de plazas laborales.
El informe señala que existe indicios de irregularidad en el proceso de selección para la suplencia temporal de plazas laborales.

La Contraloría General detectó indicios de irregularidad en el proceso de selección para la suplencia temporal de plazas laborales, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, en la .

En el marco del megaoperativo de control regional, la Contraloría emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior N°22-2020-CG/OCI/MPT/0475-AOP, en cual identifican que la comuna convocó en diciembre del 2019 el proceso de selección para suplencia temporal N° 001-2019-MPT.

Dicha modalidad de contratación tiene como fin sustituir a un trabajador por un determinado tiempo, quedando resuelto su contrato cuando el titular se reincorpore.

Sin embargo, de los ocho puestos convocados en este proceso de selección, se evidenció que siete no cuentan con titulares, pues fueron cesados por fallecimiento y límite de edad, por lo que no corresponde aplicar una contratación por suplencia temporal.

El informe también señala que la municipalidad aprobó bases que contemplaron perfiles que difieren de los requisitos mínimos exigidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF), en cuanto a experiencia laboral y tipo de estudios.

Aun así, se identificó que los siete postulantes ganadores de las plazas de policía municipal, efectivo de serenazgo, bibliotecario, secretaria y técnicos administrativos; no cumplieron con los requisitos de capacitaciones, experiencia laboral y estudios exigidos en las bases.

SIN REGISTRO

La Contraloría detectó además que los funcionarios ediles no registraron la convocatoria en el aplicativo informático de SERVIR para su difusión, mientras que en la página web de la municipalidad solo fue publicada por dos días hábiles, a pesar que la normativa establece diez días hábiles.

Estos hechos ocasionaron que se limite el acceso a las oportunidades de trabajo a más postulantes y se reclute personal no idóneo, además de afectar la transparencia y legalidad en la gestión pública