Laura Bozzo ya no irá a la cárcel luego de que juez ordenara suspensión provisional de la prisión preventiva

La conductora de televisión, Laura Bozzo, ya no irá a la cárcel momentáneamente, luego de que un juez federal le otorgara una suspensión provisional contra la orden de arresto que pesaba en su contra por el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía General de la República.

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Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo, fue quien decidió conceder una medida cautelar a la abogada peruana, acusada por defraudación fiscal luego de que vendió un inmueble que estaba incautado por el Servicio de Administración Tributaria de México.

Vale indicar que la decisión del juez Juan Miguel Ortiz está sujeta a una garantía de 300 mil pesos que deberá pagar Laura Bozzo. Además, esta medida solo permanecerá vigente hasta la audiencia incidental prevista para el próximo 30 de agosto, día en que el juez decidirá si le otorga la suspensión definitiva.

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“En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, señala el documento.

¿POR QUÉ UN JUEZ ORDENÓ PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA LAURA BOZZO?

El juez ordenó prisión preventiva contra Laura Bozzo por haber cometido un delito fiscal que supera los 13 millones de pesos (más de US$ 650 mil), luego de que vendiera un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago. A ello, se sumó no facilitar una dirección de domicilio permanente, por lo que existe riesgo de fuga.

Por todo lo señalado, el Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal del Centro Federal de Readaptación Social N° 1, conocido como “El altiplano”, del Estado de México, emitió la sentencia contra la autodenominada “Defensora de los pobres”.

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