Advierten que la tortura es generalizada y persistente en México
Advierten que la tortura es generalizada y persistente en México

La práctica de la tortura por parte de fuerzas de seguridad en México es "generalizada y persistente", aseguró Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que cita un aumento de casi un 600% en el número de denuncias de tortura en la última década.

El reporte "Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México", presentado hoy en la capital mexicana, señala que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes "desempeñan un papel central en las actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México".

"El resultado de esta investigación es alarmante porque la impunidad prevalece y el acceso a la justicia para las víctimas es casi nulo", dijo el investigador de AI Rupert Knox.

El informe es producto de varios años de investigación y está centrado en casos documentados por AI de víctimas. A pesar de que México ha adoptado protocolos internacionales que dicen que las confesiones obtenidas mediante torturas no son válidas en un proceso judicial, lo que se ha constatado al estudiar estos casos "es que eso no es cierto", indico.

Por ello, los jueces "ignoran" las evidencias de que una detención es arbitraria y esta "negligencia ante pruebas de abusos de esa naturaleza es el camino para la tortura".

Otro de los problemas es la "deficiencia terrible en la investigación" y "la negación al acceso a la defensa" a través de abogados distintos al de oficio impuesto por el Estado, añadió.

Y es que es habitual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del Ministerio Público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos "justifiquen, toleren o hagan caso omiso" de estas prácticas, señala el informe.

AI cita una encuesta que encargó recientemente, en la que el 64 % de los mexicanos consultados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.

AI destacó que aunque el Gobierno se ha comprometido a respetar las normas internacionales de derechos humanos, "aún no ha dado pasos decisivos para cumplir estas obligaciones".

EFE