Miles de personas se concentraron este miércoles 4 de junio frente al Congreso en Buenos Aires para participar de una protesta convocada por grupos feministas, médicos y científicos, entre muchos otros colectivos, que se sumaron a la movilización semanal de los jubilados argentinos, que reclaman al Gobierno de Javier Milei una mejora en sus pensiones.

Manifestantes e importantes grupos de ciudadanos de a pie fueron llegando a inmediaciones del Congreso en la antesala de la protesta.

Bajo el lema ‘Contra el ajuste y la crueldad’, la convocatoria contó con la adhesión de más de una decena de grupos, incluyendo trabajadores del Hospital Garrahan, científicos, migrantes, personas con discapacidad y numerosos sindicatos.

Este miércoles, también anunció su participación la organización Abuelas de Plaza de Mayo, mediante una publicación en la que señaló que “unir las luchas es la tarea”.

Uno de los colectivos más importantes de la protesta será el movimiento Ni Una Menos, que este martes cumplió su décimo aniversario y decidió mover su tradicional manifestación anual para acompañar a los jubilados y otros grupos vulnerables.

Más allá de los distintos grupos que participan, el corazón de la movilización siguen siendo los jubilados, que reclaman desde hace tiempo una mejora de sus paupérrimas pensiones -casi dos tercios de ellos reciben sumas que los dejan prácticamente por debajo de la línea de pobreza-.

También están presentes científicos empleados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que reclaman contra los recortes presupuestarios sufridos por el sector; colectivos migrantes, en protesta a la reciente reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo de Milei, y trabajadores del estatal Hospital Garrahan, que llevan a cabo desde hace varios días una serie de medidas de lucha para obtener mejores condiciones.

Debate

En paralelo, puertas adentro del Congreso, los diputados debaten una serie de proyectos que incluyen, entre otras cuestiones, una mejora de las jubilaciones, y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad, una medida que obligaría al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señalada en movilizaciones pasadas por la fuerte represión policial, anticipó que si los manifestantes protestan “con tranquilidad, van a tener tranquilidad”.

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