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La Justicia de Chile imputó a nueve militares por delitos de tortura contra un grupo de jóvenes en la región de la Araucanía (sur), durante el horario de toque de queda decretado por la pandemia de coronavirus, un caso que llevó al Gobierno a rechazar este miércoles las violaciones a los derechos humanos.
“Repudiamos cualquier hecho que pueda tener vinculación con la violación de derechos humanos. Creemos que en esta materia está avanzando la justicia y hay que entregar toda la información”, señaló el ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2020 en la ciudad de Collipulli, 600 kilómetros al sur de la capital, en pleno toque de queda y cuando faltaban pocos días para cumplirse el primer aniversario de estallido social, el inicio de la mayor ola de protestas en décadas, que se conmemoró con marchas en todo el país.
Según los antecedentes recabados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente encargado de denunciar este tipo de abusos, los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de militares que les obligaron supuestamente a trasladarse a un bosque para simular un fusilamiento.
“A tierra, a tierra”, fueron los gritos que, según relataron las víctimas, precedieron a su detención. Los uniformados amarraron con esposas a las víctimas para subirlas a un camión militar y trasladarlas a un bosque donde sufrieron torturas y amenazas, según el INDH.
Los jóvenes señalaron que fueron obligados a arrodillarse mientras eran apuntados con armas, fueron rociados con un líquido al que algunos militares se refirieron como “bencina” (gasolina), y sufrieron un fusilamiento ficticio.
Los uniformados simularon la ejecución haciendo sonar el arma y huyeron del lugar, según los testimonios.
De los diez militares, la Justicia decretó prisión preventiva para nueve de ellos por torturas, un delito que se pena con entre 5 y 10 años de cárcel, y estableció un plazo de tres meses para la investigación.
“Todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han cooperado y van a cooperar con todos los procesos que lleve adelante la Justicia”, agregó Prokurica.
Las fuerzas de seguridad en Chile llevan en el punto de mira desde las protestas que comenzaron octubre de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos y más de 4.600 causas abiertas contra agentes de la Policía o militares.
Desde entonces, organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) han denunciado los abusos policiales en Chile.
Fuente: EFE
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