La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe este martes en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una estrategia represiva coordinada tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.
Según el organismo, estas acciones incluyen al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, alrededor de 2.000 detenciones arbitrarias, así como torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El documento, publicado tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato, señala que el régimen implementó prácticas de “terrorismo de Estado” con el objetivo de “impedir la participación política de la oposición” y perpetuarse en el poder de manera ilegítima.
La CIDH detalla que las violaciones de derechos humanos ocurrieron en tres etapas: antes del proceso electoral, durante la jornada de votación y, con mayor intensidad, tras los comicios. En este último periodo, el gobierno ejecutó la llamada “Operación Tun Tun” en respuesta a unas 300 manifestaciones por la percepción de fraude electoral.
Esta operación, según el informe, incluyó tácticas represivas como detenciones masivas, allanamientos sin órdenes judiciales, marcación de viviendas de opositores, redadas en zonas populares y la cancelación abrupta de pasaportes. Entre las víctimas de estas acciones se encuentran niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia la magnitud de las violaciones a los derechos humanos.
La CIDH enfatizó que la situación actual en Venezuela es el resultado de la “cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que prioriza mantenerse ilegítimamente en el poder”. Asimismo, cuestionó la legitimidad democrática de la reelección de Nicolás Maduro, dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha presentado las actas que sustenten los resultados.
Ante este panorama, el organismo instó a la comunidad internacional a reconocer la crisis de derechos humanos en Venezuela y mantenerse alerta frente a posibles nuevas escaladas represivas. Además, solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que formalice un caso por crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano.
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