Crímenes de odio: el peligro de ser LGTBIQ en América Latina
Crímenes de odio: el peligro de ser LGTBIQ en América Latina

En la madrugada del sábado 29 de marzo, en el distrito limeño de Independencia, Claudia Vera, activista trans, quien subsistía como estilista y trabajadora sexual -dos de los pocos oficios a los que puede acceder una mujer trans- fue asesinada tras recibir cuatro disparos, uno de ellos en el rostro. Claudia y su familia aún no encuentran justicia.

En 2016, el violento asesinato de Nicole Saavedra (24), joven lesbiana de apariencia deliberadamente masculina, en Valparaíso (Chile), conmocionó a gran parte del país. Nicole había sido perseguida, insultada y amenazada con ser víctima de violación “correctiva”; es decir, para “convertirla en mujer”, en varias ocasiones. A su muerte se suman dos más y docenas de ataques contra lesbianas en los últimos años, que han convertido a esa región chilena en “zona roja” para personas de la comunidad LGBTIQ.

En tanto, en Argentina, Mariana Gómez (26) fue condenada el último viernes a un año de prisión por supuesta “resistencia a la autoridad”. Este caso se remonta a octubre de 2017, cuando ella y su esposa, Rocío Girat, se besaron en una estación de tren, hecho que fue aprovechado por dos agentes policiales -según la pareja- para agredirlas.

Los uniformados, “bajo la excusa de que se encontraban fumando un cigarrillo en un sector no autorizado, golpearon a Mariana y la detuvieron, en un claro ataque por su orientación sexual”, asegura la Agrupación LGBTI 1969, de Argentina.

Los tres casos expuestos ejemplifican la situación que lamentablemente afrontan los miembros de la comunidad LGBTIQ en nuestra región. Los llamados crímenes de odio son aquellos “actos criminales motivados por prejuicio basado en una característica protegida, como raza, religión, etnicidad, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad u otros estatus”. Así los definen la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE).

Solo durante en 2018 se registraron 420 muertes violentas de personas de la comunidad LGTBIQ en Brasil, mientras que en México, una investigación sobre violencia extrema arrojó que 79 personas fueron víctimas de crímenes de odio en ese mismo año; es decir, unas seis personas en promedio cada mes.

En tanto, al sur del continente, en Argentina, la cantidad de víctimas se aproxima a 150, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Unos 147 casos, entre asesinatos y ataques, se dieron en el país rioplatense.

Falta de registro. 

De otro lado, la Coordinadora Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó en un comunicado “los altos niveles de ensañamiento y crueldad de los crímenes y que existe un importante subregistro en la región sobre estos incidentes, ya que es frecuente que la violencia en contra de personas LGBTIQ no sea denunciada oficialmente ni reportada por los medios de comunicación, lo que conlleva a la invisibilidad de dichos actos”. Y agregó que “las mujeres lesbianas corren un especial riesgo de violencia sexual como resultado de la misoginia y la inequidad de género”.

Al respecto, es importante señalar que son pocos los países que llevan un registro con regularidad, sea a través de instituciones del Estado u organismos no gubernamentales que velen por los derechos de lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, travestis, bisexuales, intersexuales y queers (de ahí las siglas LGTBIQ).

Ley. 

Solo un país de la región cuenta con una legislación adecuada para proteger a la comunidad, según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Transexuales e Intersexuales: Ecuador. El vecino del norte incluye en sus leyes protección constitucional, protección amplia (defensa explícita por motivos de orientación sexual), protección en el ámbito laboral, de crímenes de odio, de incitación y de prohibición de terapias de conversión.

Le siguen Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Uruguay y Perú, con al menos cuatro de estas protecciones para la comunidad. En el caso de nuestro país, están pendientes la protección constitucional y la prohibición de las terapias de conversión.

Caso contrario es el de algunos países del Caribe o Centro América como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Costa Rica, Guatemala, Haití, Granada, Jamaica, o el caso de Paraguay, donde no se cuenta con ninguna medida legal de protección para los LGBTIQ, llegando en algunos casos a mantener como crímenes los actos sexuales entre personas de un mismo sexo.