La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en 2022 por el caso “Vialidad”, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que no se vulneró ninguna garantía constitucional durante el proceso judicial y que la sentencia previa estaba sustentada en pruebas suficientes. “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, señala el documento oficial.
Con esta decisión, la condena queda firme y el caso debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, quien deberá ejecutar la sentencia. Esto podría implicar la detención de la exmandataria en las próximas horas o días.
No obstante, la defensa de Fernández podría solicitar el beneficio de prisión domiciliaria, ya que la ex presidenta tiene 72 años y cumple con los requisitos legales para acceder a ese régimen.
La sentencia se produce apenas ocho días después de que Cristina Fernández anunciara su intención de postularse como legisladora en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de septiembre. Al quedar firme la inhabilitación, la exmandataria no podrá presentarse en esos comicios ni en ningún otro cargo electivo.
El caso “Vialidad” investigó la adjudicación de 51 contratos de obras viales al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Fernández fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida entonces por contar con fueros como vicepresidenta y tener pendiente la revisión en instancias superiores.
En vísperas de conocerse el fallo, Cristina Fernández declaró en la sede de su partido que la Corte Suprema actúa como “guardia pretoriana del poder económico” y que “estar presa es un certificado de dignidad” ante la impunidad de otros actores políticos.